Río Blanco y Loma Larga son los dos proyectos más grandes que se desarrollan en el cantón Cuenca y generan grandes oportunidades de desarrollo. Según datos del Ministerio de Minería, en ninguno de los dos casos se ha obtenido ya minerales de la tierra.
El primero se encuentra en la etapa de explotación (construcción de mina) y se espera que hasta el primer semestre de 2017, este se convierta en “el primer proyecto de minería industrial a mediana escala que entraría a producir”.
Los estudios han determinado que el yacimiento cuenta con reservas privadas de 605 mil onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata. Anualmente se obtendrán 68 mil onzas de oro y 478 mil de plata.
El proyecto Loma larga se encuentra en fase de exploración avanzada, se estima que pasarán al menos seis años para que empiece su explotación.
Mientras que Loma Larga, apenas está en fase de exploración avanzada, sin embargo, los estudios de pre-factibilidad han demostrado que los indicios de “mineralidad” son bastante altos e “indican que en algunos años vamos a tener un proyecto bastante rentable”.
Según explicó Troya, en entrevista con Andes, al menos transcurren entre ocho a 10 años antes de que se puedan obtener los productos de la tierra, pues deben cumplir las fases de exploración inicial (cuatro años), exploración avanzada (cuatro años), evaluación económica (dos años, con opción a prolongarse por dos años más).
Agregó que Loma Larga es el proyecto a nivel mundial “más monitoreado”, pues en él se han desarrollado más de 200 tesis de grado y posgrado de estudiantes en todo el mundo relacionadas con el manejo del agua y la tierra. “Esos espacios son abiertos a que puedan estudiarse, analizarse, auditarse y cumple todos los estándares mundiales”, señaló.
Polémica por el desarrollo de Minería en Azuay
La minería en Cuenca ha generado un conflicto entre los ediles del Concejo Cantonal de esa ciudad. El pasado 22 de enero, los concejales de la oposición aprobaron una resolución en la que se declara a ese cantón libre de minería metálica, aunque no tengan competencias jurídicas y legales para hacerlo.
La Constitución vigente en Ecuador desde 2008 otorga al gobierno central competencias exclusivas sobre los sectores energéticos y la forma de administrarlos de acuerdo a los principios de sostenibilidad ambiental.
Según la titular del Consejo Nacional de Competencias, María Caridad Vásquez, el tema en Cuenca está “muy politizado” y se ha desarrollado un debate “bastante manipulado y discutido técnicamente en muy pocas ocasiones”.
Los proyectos de Loma Larga y Río Blanco están a cargo del gobierno central, sin embargo, según explica Vásquez, la planificación del área de influencia debió hacerse en conjunto con los gobiernos locales, por lo tanto “la resolución que toma el Consejo Cantonal de Cuenca no tiene en concreto una validez jurídica”.
En Río Blanco la empresa minera se encuentra en la fase de construcción de la mina.
“En el caso de Cuenca, ningún cantón podría tener una legislación propia frente a eso, el Consejo conoce que esto no va a tener un efecto jurídico, sino más bien es una resolución con mucha carga política en época electoral”, dijo en entrevista con Andes.
Con ese criterio coincide Troya y asegura que la actual coyuntura política ha hecho que el alcalde Marcelo Cabrera, identificado como opositor al gobierno, “intente desviar la atención de la mala administración que se está gestando en la Alcaldía de la ciudad hacia la minería”.
Datos del Ministerio de Minería indican que la provincia de Azuay es la que registra mayor producción de oro en el país. Solo en la producción de ese mineral se generan 5.000 fuentes de empleo. Además, se produce otros materiales como cerámicas y cemento, cuya regulación le concierne al gobierno local.
A decir de Vásquez, una de las opciones para solucionar el conflicto sería que se adopte otra resolución en la que se pida los estudios necesarios para resolver las dudas técnicas. Aunque, según explica Troya,el Ministerio ha entregado al gobierno local todos los estudios técnicos hechos por las distintas entidades del Estado en Loma Larga y Río Blanco.
Pese a ello, el Estado y las empresas mineras tienen la apertura para que las universidades realicen más estudios técnicos en la zona pues “la ciudadanía se merece tener (la visión) de un tercero imparcial que le garantice que los otros estudios que se ha hecho como Estado y como empresas privadas denotan que los proyectos de Río Blanco y Loma Larga no van a generar ningún tipo de afectación a las cuencas hídricas ni de Cuenca, ni del Cajas, ni de Azuay, ni del macizo del Cajas”.
Reapertura del catastro minero y proceso de concesiones
Durante 10 años, el Catastro Minero de Ecuador permaneció cerrado por lo que no se entregó concesiones, bajo el argumento de que el Estado tenía que “madurar mucho” para poder desarrollar una “minería responsable” con entidades y leyes que garanticen los derechos de la naturaleza.
“Tuvimos que crear un aparataje estatal sólido que pudiera soportar la demanda como tal y que pueda garantizar los estándares minerales y de agua, por lo que se creó entidades como la Secretaría de Agua, el Ministerio de Minería y tuvieron que ajustarse sus niveles de gestión a las leyes que han sido determinadas como las más estrictas a niveles de América Latina y del mundo”, señaló Troya.
En marzo de 2016 el Ministerio de Minas abrió nuevamente el catastro en el evento minero más grande del mundo y hasta la fecha se han otorgado nueve concesiones que suman 22.756 hectáreas, además se encuentran en proceso tres concesiones más que sumarían 8.611 hectáreas, lo que da un total de 31.367 hectáreas en el cantón Cuenca.
Para los procesos de concesión el Estado verifica que las empresas cumplan con requisitos técnicos, administrativos, económicos y ambientales para cumplir sus propuestas. Por ejemplo, en este proceso se solicitaron 28 concesiones en Cuenca y de ellas 16 fueron negadas porque no cumplían con los términos de referencia técnicos.
Es decir, cuando una empresa no puede cumplir con los parámetros el concurso se declara desierto. En este caso son 16 concesiones que suman 50.000 hectáreas las que permanecen bloqueadas, aunque el catastro las siga mostrando.
Hasta junio de 2016, fruto de la actividad minera, el gobierno ha invertido en la provincia de Azuay 30,5 millones de dólares en 107 proyectos de salud, vialidad, educación, telecomunicaciones, entre otros.
