El beneficio consiste en la amnistía del 100% de los intereses, multas y recargos, y rige desde el 21 de agosto, cuando entró en vigor la Ley de Fomento Productivo.
En los cuatro primeros días de vigencia de la Ley, más de 25 000 contribuyentes (entre grandes, medianos, pequeños y microempresarios), ya se acogieron a la condonación. De ellos, el 99% son microempresarios y pymes.
El valor recaudado fue de más de USD 15 millones (incluidos los convenios de pago), explicó la directora del SRI, Marisol Andrade.
La remisión tributaria aplica en cuatro tipos de obligaciones: deudas en estado firme o suspendido, declaraciones pendientes de enviar originales o sustitutivas, impuestos por matriculación vehicular y cuotas vencidas del Régimen Impositivo Simplificado.
Wilson Espinoza se dirigió ayer en la mañana a las oficinas del SRI, en el norte de Quito, para solicitar información sobre la deuda que tiene con la institución. El emprendedor tiene una microempresa inmobiliaria desde hace 8 años.
La firma emplea a 10 personas. Espinoza relata que la caída del sector de la construcción, que se registra desde hace cuatro años, redujo sus ventas. Además, tenía un contrato con una empresa que resultó ser fantasma, lo cual le generó problemas con las declaraciones. “Yo no sabía que era una compañía ilegal”, comentó con preocupación.
Por estas razones, la empresa arrastra una deuda de USD 17 000 con el SRI, desde el 2015. De esa cifra, el 40% es interés.
