Acudir a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela e ir ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, porque supuestamente en el caso de Leopoldo López se han producido violaciones muy graves del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, son los pasos siguientes que el equipo de abogados del dirigente opositor darán.
Esto, después que el pasado viernes la Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificara la sentencia contra López condenado a 13 años, nueve meses y siete días de prisión que le fue dictada en septiembre del año pasado por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio en relación a los hechos de violencia desatados tras una manifestación opositora en febrero de 2014, que dejaron un saldo de 43 muertos.
El líder opositor y su abogado habían solicitado en la audiencia de apelación del 22 de julio, que se extendió por más de doce horas, la nulidad de la sentencia y su liberación inmediata, alegando que era inocente de los delitos por los que lo condenaron y que no existía pruebas en su contra.
López, de 45 años, está detenido desde hace casi 30 meses en la cárcel militar de Ramo Verde. La oposición venezolana, que asumió en enero pasado el control de la Asamblea Nacional después de 17 años, convirtió el caso de López y de otros opositores encarcelados en una de sus banderas de lucha. La mayoría opositora del Congreso aprobó en marzo pasado, sin el apoyo del oficialismo, una ley de amnistía y reconciliación para lograr la liberación de López, pero la normativa fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia.
Tras conocer que la sentencia del dirigente Leopoldo López fue ratificada, el coordinador político de Voluntad Popular (VP) y diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara, Luis Florido, aseguró que “los hilos” de la justicia son manejados desde el Palacio de Miraflores, y por ello solicitarán al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon y al Comité de Derechos Humanos, dirigir su mirada a la situación venezolana que, entre otras cosas, implica la existencia de 120 presos de conciencia.
Asimismo, la principal encargada de EE.UU. para Latinoamérica, Mari Carmen Aponte, se mostró esta semana «muy preocupada» por la ratificación de la condena del opositor venezolano, y pidió al Gobierno venezolano proteger la «democracia» y la «justicia». «Muy preocupada sobre la decisión contra preso político @leopoldolopez. Llamo al gobierno de #Venezuela que proteja #democracia #justicia», escribió Aponte en su cuenta oficial de la red social Twitter.
También el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, repudió la sentencia contra López, que calificó de una «oportunidad perdida para la reconciliación en Venezuela».
De su lado, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que EE.UU. defiende y protege al opositor preso por ser «su principal agente en Venezuela» y aseguró que el dirigente político ha sido «formado y preparado» en el país norteamericano «para tomar el poder violentamente». En varios mensajes en la red social Twitter, la ministra de Exteriores venezolana aseguró que Estados Unidos tiene un «doble estándar» en materia de derechos humanos.
Rodríguez resaltó que Venezuela es un país soberano y que no está «sujeta a órdenes de imperio alguno».
