Luis Fernando Torres, asambleísta por el movimiento Cambio-Partido Social Cristiano, en entrevista en Notimundo A La Carta con Marcela Holguín, manifestó que la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, que fue aprobada este jueves en la Asamblea Nacional, más allá de una connotación social tiene una connotación fiscal.

Luis Fernando Torres, asambleísta por el movimiento Cambio-Partido Social Cristiano, en entrevista en Notimundo A La Carta con Marcela Holguín, manifestó que la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, que fue aprobada este jueves en la Asamblea Nacional, más allá de una connotación social tiene una connotación fiscal porque busca dotar de recursos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para que esta entidad invierta, por ejemplo, en compra de bonos del Estado y por esa vía darle liquidez al Gobierno ecuatoriano. «Esto apareció antes de la votación como reforma al artículo 9 de la Ley del IESS», dijo.

Torres detalló, además, que la Ley dice que los rendimientos de tales inversiones se acumularán en las cuentas de los afiliados, pero el capital, que ahora tiene que estar en esas cuentas, se autoriza para que sea invertido. «Se trata entonces de resolver por esta vía los raros problemas de iliquidez del Gobierno», señaló el legislador, quien afirmó que esta normativa no estimula el empleo o el trabajo, y al contario es una Ley con una serie de cargas para los afiliados, y para quienes tienen sus negocios pequeños, medianos y grandes.

El legislador aclaró que la iniciativa establece una cuota obligatoria de pasantes en las empresas, y esa cuota será determinada administrativa por el ministerio correspondiente, quien a su vez realizará un monitoreo para que se cumpla con esa disposición. «Entonces, estamos hablando de una carga más laboral porque el empleador tendrá que aportar al IESS sobre el salario básico unificado aunque le pague no menos del 30 % de ese sueldo. No es una Ley que en definitiva generará las condiciones para proteger a los que han perdido el empleo», añadió.