El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó en el Salón de Expresidentes a los ministros del Economía y Finanzas, de Salud y del Trabajo, por el Ejecutivo; a los miembros de la subcomisión de la Comisión de Salud y a la asambleísta María José Carrión (antes de AP), por el Legislativo; y dirigentes de gremios de los trabajadores y profesionales de la salud.
El conflicto se centra en la reglamentación para la aplicación del artículo 25 de la Ley Humanitaria, que se refiere a la estabilidad de los trabajadores de la salud, en la que se dispone: “Como excepción, y por esta ocasión, los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19) con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo en algún centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública de Salud (RIPS) y sus respectivas redes complementarias, previo el concurso de méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público, y en consecuencia se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo”.
En cambio, el artículo 10 del reglamento a la Ley condiciona la aplicación de ese apartado, pues señala que para los nombramientos definitivos los subsistemas de la Red Integral Pública de Salud “deberán definir las necesidades del contingente de talento humano de acuerdo con la planificación territorial, criterios técnicos y racionalización del personal requerido en los establecimientos de salud”.
Que los recursos de méritos y oposición se ejecutarán de manera paulatina por fases siempre y cuando la necesidad de profesionales y trabajadores de la salud se respalde en la planificación del talento humano que debe ser validada y consolidada por el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre otros aspectos.
Estos requisitos para la aplicación de la Ley llevaron a los dirigentes del sector salud a protagonizar dos movilizaciones nacionales en demanda de la derogatoria de los artículos 10 y 40 del reglamento.
La dirigente del Seguro Social Campesino, Rosa Argudo, cuestionó que el Gobierno no haya escuchado a los trabajadores de la salud, y que frente a esa actitud se endurecerán las medidas de presión y, para ello, habló incluso de iniciar una huelga de hambre.
Lo que intentará la Asamblea Nacional, según Litardo, es abrir un espacio de diálogo para encontrar un punto de coincidencia y establecer la posibilidad de revisar el reglamento a la Ley Humanitaria.
La legisladora Carrión aseguró que a la convocatoria acudirá la dirigencia del sector salud y que esperan que también esté presente el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated, para llegar a un acuerdo sobre la aplicación de la normativa.
Recordó que la Ley aprobada en medio de la emergencia sanitaria establece seis meses como plazo máximo para que el gobierno de Lenín Moreno garantice la estabilidad laboral de alrededor de 20.000 trabajadores y profesionales; y que ese plazo se vence en diciembre próximo.
El legislador Ángel Sinmaleza (IND), presidente de la subcomisión de la Comisión de Salud, también acudirá a la reunión para revisar el reglamento, y dijo que adicionalmente se encargarán de hacer un seguimiento de la entrega de los nombramientos a médicos y personal de salud que laboró durante la emergencia.
La subcomisión se integró en la última semana con los legisladores Sinmaleza, Sebastián Palacios (SUMA), Patricia Henríquez (PSC) y Rosa Verdesoto (IND), quienes aprobaron una hoja de ruta sobre la vigilancia del proceso de aplicación de la Ley Humanitaria para el sector salud, la cual incluye comparecencias de los actores políticos y sociales involucrados.
Nota Original: El Universo – LINK
