De acuerdo con Armijos, las declaraciones de PetroEcuador han sido “irresponsables” al señalarlo por cambiar, por sí solo, una normativa. Explicó que, para efectuar aquello, es necesario pasar por filtros jurídicos y administrativos.
A su criterio, la modificación en la ley en la que se estipula que únicamente compañías que tengan sentencias ejecutoriadas en su contra no podrán hacer contratos con la estatal, se ajusta a la Constitución.
Desde PetroEcuador, se asegura que este cambio, realizado en septiembre del 2023, ha ocasionado que la empresa Trafigura, cuestionada por pagos de sobornos en Estados Unidos, mantenga negocios con el Estado.
Armijos aclaró que dicha firma no es reciente, sino que opera con el país y en distintas naciones de la región desde el 2012, y nadie puede sacarla del mercado.
“Se quiere polemizar, y eso es irresponsable”, enfatizó.
Además, cuestionó que, desde la firma estatal, no se hayan atendido las “alertas” de este cambio en la normativa cuando Armijos dejó el cargo en diciembre del 2023.
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