La Relatoría recomienda algunas medidas de reparación que incluyen las disculpas públicas, la inclusión de una transitoria en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) para revisar la aplicación de sanciones por parte de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), el dictado de una ley de amnistía para los perseguidos en el anterior régimen, entre otros.
Respecto a los tipos penales que restringen la libertad de expresión, la Relatoría recomienda despenalizar figuras como la calumnia y convertir las ofensas al honor y la reputación e una acción de carácter civil, de conformidad con los estándares internacionales. La Relatoría contabiliza sesenta personas procesadas por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión.
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Sobre el espectro radioeléctrico, la Relatoría considera que el techo del 33% para los medios públicos es alto y por ello recomienda sustituir el piso mínimo del 33% del espectro dedicado a los medios públicos por un sistema de asignación directa, siempre que las necesidades objetivos y mandatos de los medios justifiquen la creación de nuevos.
Lanza ratificó la necesidad de que las reformas a la LOC se enmarquen en lo parámentros de libertad de exprersión establecidos en acuerdos y convenios internacionales e insistió en la necesidad de investigar de forma completa, efectiva e imparcial los crímenes en contra de periodistas y, en el caso de asesinatos, esclarecer sus móviles y determinar la relación que pudiera tener con la actividad periodística.
«Las autoridades no deben descartar al ejercico del periodismo como un mónvil del asesinato o agresión antes de que se complete la investigación», señala el documento.
La Relatoría emitirá su informe final en aproximadamente seis meses. (I)
Fuente: El Universo
