La declaración de personas no gratas en Guayaquil al periodista Martín Pallares y al abogado Pablo Guerrero recuerdan a César Ricaurte, director de Fundamedios, la época en la que el expresidente Rafael Correa usaba el poder estatal para perseguir a periodistas a través de las transmisiones nacionales realizadas los sábados, denominadas: sabatinas.
Luego de 8 años de la salida del correísmo del poder, la Revolución Ciudadana “no ha reflexionado”, dijo Ricaurte, al considerar que los mecanismos empleados durante la gestión de Correa no han cambiado en comparación a loa reflejado en el Concejo de Guayaquil, liderado por el alcalde Aquiles Álvarez, también de la Revolución Ciudadana.
Para Francisco Rocha, periodista y expresidente de la AEDEP, este escenario coincide con lo evidenciado entre el 2007 y 2017 durante la gestión de Rafael Correa. Consideró que, este panorama, pone al país en un limbo para defender la democracia, las libertades y no permitir la intolerancia.
“Quieren instalar nuevamente una intencionalidad para judicializar todo y no solo callarnos, sino irnos a la cárcel como lo hacen en Venezuela, Nicaragua y México”, dijo.
Narrativa de confrontación
De acuerdo con Francisco Rocha, la intención de lo resuelto en el Concejo de Guayaquil es tener una narrativa de confrontación en la que los periodistas o líderes de opinión estén en el centro de la atención, y sean objeto de debate sobre la libertad de expresión.
Recordó que esta intención surgió del alcalde de la ciudad, es decir, la voz más representativa de la Revolución Ciudadana en Guayaquil. A él, lo señaló por “denigrar” a Martín Pallares y Pablo Guerrero, al no solo poner sobre la mesa la declaratoria de personas no gratas –que no tendría una base legal-, sino incitar y promover el odio contra la prensa y la opinión contraria.
Para César Ricaurte, el comportamiento del Concejo y el alcalde Álvarez es “inaceptable”, al considerar que el Cabildo y el burgomaestre deben dejar de lado banderas políticas y, tampoco deben intervenir en el curso de la campaña electoral.
“Lo que hace (el Concejo) de una manera absolutamente arbitraria y abusiva es perseguir y amenazar a periodistas y analistas”, dijo.
Además, Rocha precisó que esta acción del Concejo Cantonal de Guayaquil responde a una estrategia política: Quieren instalar una discusión en la que los resentimientos pueda cubrir lo que les hace falta y no discutir lo que ya podemos juzgar cuando fueron Gobierno.
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