Por ejemplo, en Ecuador, Juliana Campoverde no ha vuelto a casa desde hace seis años. Su caso ha tenido 11 fiscales. Los familiares piden que cambie esa inestabilidad.
Sus derechos están en juego. La Declaratoria contiene 30 artículos y la firmó en 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas. En ella se pide que los Derechos Humanos se “promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación”.
Pero para los padres de Geovanna Constante, desaparecida en diciembre del 2010, la aplicación es complicada. Desde la desaparición, 16 fiscales han conocido el expediente del caso de su hija. Los familiares de personas desaparecidas exigen atención. En el país faltan investigadores especializados en esta materia.
A inicios de octubre pasado, la Fiscalía reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solo Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos, Manabí y Azuay tienen personal exclusivo para esos casos. Y si por un caso desfilan hasta 16 fiscales, en el país hay 4,8 fiscales por 100 mil habitantes, pero la norma internacional dice que deberían ser ocho por cada 100 mil.
Entre el 2015 y el 2017, la Fiscalía receptó 27 666 denuncias relacionadas con delitos sexuales en contra de menores y se resolvieron 6 736. “Queremos proteger el principio del interés superior del niño en todas las actuaciones de las autoridades”, dice el representante de la Unicef en Ecuador, Juan Enrique Quiñónez.
La cifra de mujeres asesinadas también es alta. Entre el 1 de enero y el 23 de noviembre, en el país se reportaron 75 hechos. La idea es que los deudos accedan al sistema judicial y a una atención prioritaria. Las autoridades dicen que trabajan en este tema, al igual que en otros como el acceso a una justicia independiente (art. 10 de la Declaración Universal de DD.HH.).
En abril, Human Rights Watch dijo que altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa y del Consejo de la Judicatura de ese entonces interfirieron en la resolución de casos de interés político para el Gobierno, así como en el nombramiento y la destitución de jueces. Solo por el 30-S están señalados 155 jueces y 65 fiscales, porque supuestamente no actuaron bajo normas legales.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y David Kaye, quien cumple funciones similares, pero a nivel de las Naciones Unidas, visitaron este año Ecuador.
En el caso de Lanza, lo hizo entre el 20 y el 24 de agosto para evaluar el ejercicio de este derecho y resaltó que el país vive una “transición desde el autoritarismo a un espacio cívico y democrático”.
Destacó que el actual presidente, Lenín Moreno, y “su equipo de gobierno han dado los primeros pasos para adaptar el marco jurídico e institucional, así como la política de comunicación del Estado, a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”. Su informe será publicado a finales de este año. En esa línea también se pronunció David Kaye, relator Especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión, que en octubre llegó a Ecuador por invitación del Gobierno.
El experto acogió con satisfacción y alentó “los cambios legales y de políticas emprendidos por el Gobierno ecuatoriano para promover y proteger los derechos a la libertad de opinión y expresión”.
Educación
En otros aspectos se ve una mejora. El número de niños entre 3 y 5 años matriculados en el sistema educativo aumentó ocho veces si se compara el período 2017-2018 con el 2007-2008. Es así como el ciclo anterior se alcanzó una cobertura total, es decir, el 100% de los preescolares (251 292), que solicitaron un cupo ingresaron al sistema, según el Ministerio de Educación.
En Ecuador, 4 595 876 estudiantes accedieron a la educación pública o privada desde el nivel inicial hasta el bachillerato, el ciclo anterior. El Gobierno ha centrado sus esfuerzos en el nivel inicial, ya que ahí se establecen las bases para que una persona siga con su formación académica.
En 2017 se destinaron USD 2 060,73 por cada niño de 3 a 5 años. Para un joven entre 15 y 17 años –que cursa el bachillerato– fueron USD 317,35. La tasa de asistencia a educación general básica (primero a décimo año) alcanzó un 96,06% en el 2017, con lo que se mantuvo la universalización obtenida en el 2011. En el bachillerato, la cifra es menor, ya que llegó al 71,88%, un 18,5% más en comparación con el 2007.
Vivienda
La última evaluación de la situación de vivienda en el país detalla que hasta el 2015 se calculaba un déficit de 350 967 viviendas, en todo el territorio nacional. En el informe nacional de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y desarrollo urbano (Hábitat) de ese mismo año se menciona que el mayor porcentaje de este déficit está en los cantones de la región Costa.
Señala, especialmente, a las provincias de Santa Elena, con el 29,5% y Manabí, con el 21,7%. La atención a esta necesidad, explica esta evaluación, varió en el país por el rol que asumió el Estado desde la década de los 90. Desde ese entonces, las políticas públicas pasaron de ser instrumentos para la ejecución de obras a ser facilitadoras de planes de acción para el acceso a una vivienda.
Empleo
El cumplimiento del derecho humano al trabajo se puede medir por varios indicadores. Uno es el cumplimiento de la normativa laboral. Gabriel Recalde, director del Centro de Derechos Laborales, considera que en el país hay avances regulatorios, especialmente en el trabajo doméstico, en las licencias para el cuidado de los hijos, la prohibición del acoso laboral y la eliminación de las formas de precarización laboral como la tercerización o el trabajo por horas.
Sin embargo, considera que aún existe un déficit en el cumplimiento de esas normas. El gran desafío del país este año es mejorar los indicadores de empleo.
A septiembre pasado 19 de cada 100 trabajadores en el país tenían empleos precarios; es decir, con salarios por debajo del básico y con el deseo de trabajar más horas a la semana.
Además, las mujeres tienen menos acceso al trabajo adecuado o de calidad. 47 de cada 100 trabajos adecuados o de calidad corresponden a hombres, mientras que solo 30 de cada 100 a mujeres. También, las mujeres ganan USD 80,2 al mes por debajo de lo que perciben los trabajadores.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
