El presidente Daniel Noboa ordenó que se intensifiquen las acciones para localizar a los niños e identificar a los responsables de este hecho. El Primer Mandatario adelantó que, desde el Gobierno, no se encubrirá a los sospechosos quienes deberán responder ante la justicia.
Mientras tanto, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó que los cuatro menores desaparecidos en Las Malvinas, fueron detenidos por una patrulla militar durante un operativo en contra de un presunto robo. Por este caso, también se conformará un Tribunal de Disciplina Militar para determinar responsabilidades dentro de las leyes y reglamentos del Ejército.
Desde la Asamblea, la presidenta Viviana Veloz pidió la comparecencia de varias autoridades del Estado para esclarecer el caso de la desaparición de cuatro menores en Guayaquil. Entre ellos están el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela.
Además, el Legislativo resolvió remitir una “Petición de Acción Urgente” sobre la desaparición de los menores, conforme se estipula en la Convención Internacional para la Protección de Personas contra la Desaparición Forzada. La Asamblea también informó que la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes iniciará un proceso de fiscalización en torno a este hecho.
De acuerdo con Salim Zaidán, abogado experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, la retención de los menores -en el supuesto caso de la comisión de un delito- fue desproporcional y arbitraria. Enfatizó que, al tratarse de un operativo ejecutado por militares, se pone sobre la mesa la discusión de regular la participación de las Fuerzas Armadas.
En cuanto a las autoridades, cuestionó las «contradicciones» y «apresuramiento» con el que emitieron sus declaraciones. La primera vez, cuando el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo señaló a grupos criminales por la desaparición de los menores, y un día más tarde, fue él mismo quien confirmó la detención de los niños durante un operativo militar.
Por ello, calificó de «desatinados» a los pronunciamientos del Primer Mandatario y del Ministro de Defensa, al considerar que el tratamiento de la situación no se ha dado desde la perspectiva humanitaria.
«Veo un enfoque en lo político y electoral antes que en lo humano y lo social», dijo.
Zaidán enfatizó que este caso podría configurarse como una desaparición forzada, en el que debido a la complejidad del delito, se refiere a una responsabilidad estatal.
«Esta es una grave violación de derechos humanos, que si no es esclarecida a nivel interno, puede terminar en la justicia internacional», sostuvo.
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