En ese sentido, Gabriela Álvaro, representante de pacientes renales de Pichincha, enfatizó que este retraso afecta directamente a los servicios de diálisis y pone en peligro la vida de más de 17 mil pacientes en todo el país. Además, explicó que muchas de las terapias dependen de materiales y medicamentos especializados que ya están en escasez, lo que agrava la atención médica y podría generar interrupciones en los tratamientos.
Álvaro también criticó la falta de respuestas claras por parte del Ministerio de Salud Pública. A pesar de las reiteradas solicitudes de pacientes y representantes, no se han presentado soluciones definitivas ni un plan de acción concreto para resolver la deuda y garantizar la continuidad de los tratamientos.
Asimismo, exhortó al Gobierno y a las autoridades competentes para que tomen medidas inmediatas y prioricen el pago de la deuda, garantizando así los recursos necesarios para proteger la salud y la vida de la ciudadanía, con especial atención a los sectores más vulnerables.
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