La decisión se produjo luego de que el bloque de concejales de Alianza PAIS (AP) presentara, el 7 de febrero, un pedido de Acción de Garantías Constitucionales, que recayó en la Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito La Delicia.
Previamente, un oficio en el que se solicitaban los datos fue entregado al ejecutivo capitalino el 27 de octubre anterior.
Este documento fue respaldado por la firma de 17 concejales, entre ellos, el vicealcalde Eduardo del Pozo (CREO) y Mario Granda y Pedro Freire, integrantes de la bancada afín al alcalde. Carlos Páez (AP) explicó ayer, durante una rueda de prensa, que insistieron en la petición de manera directa al alcalde el 18 de enero y el 30 de enero.
Y que al no obtener respuesta alguna, optaron por recurrir a la vía jurídica. Durante la audiencia dirigida por el magistrado el 11 de febrero, el Cabildo entregó un informe incompleto y sin consolidación de cifras sobre el gasto publicitario.
Páez ejemplificó que el subprocurador de patrocinio, Marco Proaño Durán, habría defendido la falta de información sobre ciertas instituciones, alegando que estas se hallan adscritas a entidades jerárquicamente superiores, como las secretarías metropolitanas.
Dijo, según la transcripción de la audiencia, que en el caso de la Fundación Patronato Municipal San José, dirigida por la esposa del alcalde, la entidad depende de la Administración General del Municipio de Quito, por lo que sus datos estarían inmersos en la información de esta última dependencia.
El bloque de AP insistió, sin embargo, en la necesidad de detallar las cifras y consolidarlas para tener una perspectiva clara sobre el gasto publicitario del aparato municipal. Ello habría dado pie -a juicio de Páez- a que el juez Balseca aceptara la petición de los concejales y ordenara a la Alcaldía la entrega de la información completa.
El edil apuntó que el no cumplimiento de esta disposición judicial podría ser considerado como una acción de desacato, lo que podría conllevar a un procedimiento de destitución del alcalde Rodas. Este procedimiento se sumaría al pedido de destitución anunciado por el Observatorio Ciudadano el 17 de febrero pasado.
El presidente de la entidad, Xavier Buendía, sustenta su anuncio en la negativa del Cabildo a responder a su petición de respuestas sobre los aspectos financieros, técnicos y legales del proyecto de transporte en teleféricos, bautizado como Quitocables.
El pedido del Observatorio fue realizado el 14 de octubre de 2015 y ante la falta de una respuesta, la entidad cursó el 15 de enero siguiente una solicitud a un juez para que requiera los datos solicitados al alcalde Rodas.
Esta solicitud fue respondida afirmativamente el 22 de enero de 2016, cuando la justicia ordenó a la autoridad capitalina que responda a la petición del organismo ciudadano. Sin embargo, ello no se ha cumplido hasta el momento, lo que daría pie a la destitución.
