La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, volvió a reunirse hoy con su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva, a fin de continuar las discusiones dirigidas a su posible regreso al Gobierno, ahora en condición de ministro de su ahijada política.
Lula y algunos de los más cercanos colaboradores de la mandataria llegaron a primera hora de hoy al Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia brasileña, para retomar unas consultas que este martes fueron interrumpidas tras casi cinco horas de debate.
Según fuentes oficiales, la intención de Rousseff es valerse de la experiencia política de Lula para mejorar su relación con el Congreso, que se apresta a retomar el trámite con miras un juicio político que pudiera acabar con su mandato.
El proceso ha sido solicitado por la oposición y se apoya en unas irregularidades fiscales en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015.
No obstante, la oposición ha anunciado que anexará a ese pedido las sospechas que existen sobre una posible financiación irregular de la campaña que llevó a la reelección de Rousseff en 2014.
Esas sospechas se reforzaron este martes, cuando la Corte Suprema aceptó una declaración prestada en el marco de un acuerdo de cooperación judicial por el ex jefe del oficialismo en el Senado Delcidio Amaral, detenido por las corruptelas en la estatal Petrobras.
En esa declaración, Amaral aseguró que la campaña de Rousseff recibió dinero desviado de empresas públicas y que tanto la jefa de Estado como el propio Lula «sabían» de la corrupción en Petrobras y hasta intentaron manipular a la justicia para obstaculizar las investigaciones.
Lula, por su parte, enfrenta serios problemas con los tribunales y sospechas que van desde enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero hasta falsificación de documentos.
La Fiscalía de Sao Paulo ha presentado acusaciones formales contra Lula y también ha pedido su detención preventiva, pero la justicia aún no se ha pronunciado al respecto.
El posible retorno de Lula como ministro ha sido criticado por la oposición, que acusa a Rousseff de intentar ayudar a que su padrino político escape de la justicia o al menos le de largas al proceso.
Las críticas responden a que, si Lula acepta un cargo en el Gobierno, pasará a tener foro privilegiado, con los las causas en su contra saldrán del ámbito de la justicia común y serán asumidas por la Corte Suprema, lo que dilataría un eventual juicio.
