El Artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en 2008 a través del voto de los ecuatorianos, señala que: “Las adicciones son un problema de salud pública” y que “en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales”.
El mismo artículo establece que el Estado es el responsable de “desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos”.
En 2014, el MSP implementó el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental en el que incorporó el tratamiento a personas con adicción. Ahora hay tres niveles de atención: ambulatoria, ambulatoria permanente y residencial através de los Centros Especializados en el tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas tratamiento (CETAD) que tienen como objetivo atender a los consumidores de forma integral con profesionales de toda índole.
Roberto Enríquez, secretario de la comisión de salud mental del MSP, señaló a Andes que para avanzar en la lucha contra las drogas, primero, es necesario superar esa visión institucionalista de que todo se resuelve al internar a la gente en cuatro paredes, cuando antes se debe resolver los problemas familiares y de la comunidad, en donde se encuentra inmerso el paciente.
El funcionario explicó que los niveles de atención se implementaron porque no todo consumo problemático necesita tratamiento residencial, sino que en muchos casos se puede tratar las adicciones con una atención ambulatoria en los centros de salud más cercanos a todos los barrios del país.
“El 95% de las personas con consumo problemático deben tratarse en el ámbito ambulatorio y solo el 5% debe abordarse en los centros de tratamiento residencial”, indicó Enríquez. Cifras que rompen algunos mitos, dice, como el hecho de que toda persona que tiene una adicción debería ser internada o que todas las personas que van a tratamiento deben ser desintoxicadas, algunas solo requieren tratamiento psicológico.
Es por ello que el Ministerio busca un abordaje interdisciplinario con profesionales capacitados para el efecto. Es así que se ha aumentado el número de psicólogos, si para el 2007 se contaba con 68 para atender estos casos, ahora existen 760 profesionales. A esto se suman los 471 centros que brindan atención en el ámbito ambulatorio.
“Se busca que se tenga una siquiatría itinerante, se cuente con el médico y se hace la interconsulta con nutrición, de tal manera que exista un abordaje interdisciplinario. El reto ahora es fortalecer este método”, señaló Enríquez.
Al momento existen ocho centros de tratamiento residencial que están ubicados en las ciudades de Esmeraldas, Otavalo, Portoviejo, Quito (2 centros) y Guayaquil (3 centros). Hasta mayo de este año, el MSP planea inaugurar cuatro más, dos en Puyo, otro en Gualaceo y uno en Santa Rosa. Cuando estén en funcionamiento los 12 centros se podrá atender a 930 personas anualmente.
Las cifras de tratamiento han ido en aumento durante los últimos años. Según Enríquez en el 2013 se atendieron a unas 4.000 personas con problemas de adicción, en 2014 se atendieron a 9.000, en 2015 (ya implementados los centros de tratamiento residencial) se atendió a 21.215, mientras que en 2016 se atendió a 40.362 en el ámbito ambulatorio, 10.612 en el ambulatorio permanente y 500 personas en el ámbito residencial.
En la atención ambulatoria, el paciente es tratado por un médico profesional que aborda el consumo y recomendaciones para que los pacientes cuiden su salud; mientras que en el ámbito ambulatorio permanente ya existe un tratamiento más personalizado con profesionales que ayudan a los consumidores en la parte médica y sicológica, los atiendien diariamente a pesar de que ellos no permanezcan internados.
En los CETAD se realiza terapia individual, terapia grupal, familiar y ocupacional, también se forman grupos de auto-ayuda personalizados y grupos no personalizados. Se trata a los pacientes según la complejidad del caso, hay algunos que solo necesitan ayuda sicológica y social, hay otros que necesitan fármacos y tratamiento médico para dejar su adicción.
“La evidencia científica habla de que seis meses son los ideales en cuanto a un seguimiento permanente y para trabajar áreas individuales, familiares y comunitarias (…) No vamos a convertir esto en un albergue, es un trabajo basado en evidencia científica, interdisciplinario que busca la autonomía de las personas”, señaló Enríquez.
Sobre la modificación que se hizo en septiembre de 2015 de la Tabla de Estupefacientes y que la mayoría de candidatos presidenciales han criticado como una medida que ha agudizado el consumo de drogas, Enríquez señaló que dicha tabla no es una herramienta de prevención sino de referencia para los jueces.
“La tabla de consumo no es una herramienta de prevención, lo que busca es racionalizar el ejercicio de los jueces para definir cuando una persona es consumidora y cuando es microtraficante”, dijo el experto.
Agregó que para la prevención existen otro tipo de acciones, que se coordinan con los otros ministerios, para fortalecer las capacidades de los niños, niñas y adolescentes. Entre ellas la ocupación del tiempo libre en actividades deportivas y culturales, además de brindar apoyo permanente con los padres de familia a través de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE).
“La penúltima oración del artículo 364 de la Constitución habla expresamente que en ningún caso se criminalizará el consumo. La constitución está siendo coherente con la convención de Naciones Unidas de Sustancias Estupefacientes de que al que hay que mandar a la cárcel es al microtraficante y al narcotraficante, porque una persona que pueda poseer y no esté haciendo nada malo no puede ser punible de un delito”, afirmó.
En este sentido explicó que lo que buscan las instituciones es que los consumidores no sean tratados como delincuentes porque ellos tienen derecho a la salud y deben ser ayudados en el ámbito médico, social y psicológico. Es por ello que también se trabaja con el Ministerio de Trabajo para que los consumidores encuentren un trabajo o un oficio que los ayude a salir de las drogas.
Las personas que tengan a un familiar cercano o algún amigo con problemas de adicción pueden llamar al 171 para solicitar una cita en el Centro de Salud más cercano a su domicilio en la que exista un sicólogo que le brinde ayuda, en el mismo número también se puede solicitar asesoría para saber si alguien cercano sufre de una adicción. En los casos de intoxicación, donde este comprometida la vida del paciente, se debe llamar al 911 para ser atendido de inmediato.
“Busquemos evitar que el tema se vuelva máscomplejo como cualquier problema de salud, es necesario tomar medidas oportunamente y para eso es importante el trabajo de la familia y la comunidad”, finalizó Enríquez.
