Dentro del proyecto, el tercer libro es el que genera polémica, ya que establece la creación de un Servicio de Protección Civil para máximas autoridades del Estado, como presidente y vicepresidente de la República. La polémica radica en que este cuerpo civil de protección, en el caso de ser necesario, usará métodos disuasivos y coercitivos. Blanca Argüello, legisladora de PAIS, indicó que previo a la instalación de la sesión, el bloque mantuvo una reunión en la que discutieron libro por libro el proyecto, cuya aprobación, dijo, apoyarán en el debate.
La asambleísta aclaró que con la creación de este servicio de protección lo que se busca es normar una actividad que ya se estaba cumpliendo y recordó que durante la capacitación de los funcionarios de este servicio, que durará 10 años, los miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas seguirán cumpliendo las actividades de protección de las altas autoridades de las funciones del Estado.
María Augusta Calle, presidenta de la Comisión de Soberanía, indicó en varias ocasiones que el servicio de protección no significaría una tercera fuerza de choque. Dijo que en el caso de ser necesario, los funcionarios de este cuerpo usarán las armas previo un permiso de las Fuerzas Armadas.
En cambio, legisladores como Raúl Auquilla, de CREO, considera que la creación de esta instancia es inconstitucional. «No tiene sentido crear una fuerza de protección porque están violando la Constitución, ya que en su artículo 158 se establece que existen dos entidades de seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional».
Mientras que Fernando Bustamante, legislador independiente, agregó que es imposible que un servicio de protección no use armas. Asimismo Verónica Rodríguez, asambleísta de PAIS, el pasado martes también cuestionó el tercer libro, ya que estaría violentando lo normado en la Constitución. En los exteriores de la Asamblea dos grupos protestaban, uno a favor de la aprobación del Código, mientras que otro rechazaba el proyecto.
