El acuerdo les permitirá a las organizaciones del sector acceder a los servicios de patrocinio y asesoría jurídica de la Defensoría Pública.
Mediante la coordinación de acciones, aquellas instituciones podrán proteger los derechos de socios, depositantes y acreedores de las organizaciones de la economía popular y solidaria.
También se beneficiará al sector financiero popular declarado en liquidación forzosa o disueltas por resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Como parte de la ‘Función de Transparencia y Control Social’, la SEPS asumió este compromiso en su calidad de organismo técnico, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, que vela por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control.
A través del convenio, los abogados de la Defensoría Pública recibirán capacitación para que accedan a los conocimientos necesarios y mejoren su atención a los sectores que conforman el sistema económico popular y solidario.
Por su parte, la Defensoría Pública, una institución que forma parte del sistema de justicia, se encargará de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios legales para la protección de sus derechos.
Al destacar la importancia del convenio, el superintendente Jácome indicó que, particularmente, el afán de trabajo y la fortaleza de las dos instituciones públicas beneficiarán a quienes tienen pocos recursos. Y esto, a su vez, permitirá concretizar más el claro reconocimiento que la Constitución de la República hizo al sector.
