El proyecto busca proteger los derechos de los usuarios; regular y controlar el funcionamiento de las compañías y seguros que ofrezcan servicios de medicina prepagada; y, garantizar una competencia sana entre las compañías.
La norma regula los requisitos legales, la aprobación de contratos, coberturas y prestación de servicios de medicina prepagada, en tutela de los derechos y garantías de los usuarios. Plantea un sistema integral de atención médica para la medicina prepagada, para la cobertura de una enfermedad o tratamiento médico y también para la prevención.
Prohíbe incrementos adicionales a las tarifas o primas de los planes contratados ante el aparecimiento de enfermedades crónicas y catastróficas, sobrevinientes a la contratación y de negar la renovación de los contratos por dichas causas
Se cubre el financiamiento para la atención de toda emergencia médica, hasta el monto de la cobertura contratada, al momento del requerimiento efectuado por el prestador del servicio de salud. En este caso la atención deberá prestarse obligatoriamente en cualquier establecimiento de salud.
También prohíbe disminuir, restringir o eliminar coberturas a personas mayores de 65 años, siempre que cuenten con al menos 5 años de afiliación. Para las personas que tengan 65 años que quieran tener un seguro, será otro el costo de prima porque es un nuevo usuario que toma este servicio.
El capital social mínimo para la constitución de la empresas de medicina prepagada será de 800 mil y no de un millón 500 mil dólares, como constaba en el informe para primer debate. Para el cambio de esta disposición, se consideraron los criterios de las empresas pequeñas que se estaban quedando fuera. Las empresas contarán con un tiempo prudencial para cumplir este requisito.
