La Comisión de Gobiernos Autónomos indica que esta norma es necesaria y conveniente, porque permite el correcto ejercicio de las competencias en esta materia, para garantizar el derecho a un hábitat seguro y saludable. La iniciativa plantea procedimientos de estándares mínimos de calidad ambiental, seguridad y cohesión social.
Según el texto, la planificación del territorio ha sido concebida desde la óptica de territorios aislados y el proyecto propone determinar estrategias de mancomunidad, con políticas y soluciones comunes. El presidente de la mesa, Richard Calderón, indicó que uno de los elementos que propone la norma es la planificación, para evitar los asentamientos informales y garantizar las construcciones de calidad. Contó que, de acuerdo con datos proporcionados en la Comisión, en Quito cerca del 65% de las construcciones son informales. “Hay que asumir con responsabilidad esta problemática y esta ley contribuye a resolver esta preocupación”, dijo.
Sobre la planificación, el informe señala que la Constitución del 2008 sentó las bases para un nuevo modelo de gestión y organización del territorio, basado en la necesidad de pensar en una agenda de desarrollo para el bien común, bajo los conceptos de eficiencia y eficacia.
El proyecto apunta a la definición y desarrollo de conceptos, mecanismos y herramientas orientados a articular los procesos de relación de los distintos niveles de gobierno y a la reestructuración de las dinámicas de desarrollo urbano, con el objetivo de garantizar los derechos sobre el hábitat, vivienda, ciudad y medio ambiente.
Se plantea, entonces, instrumentos para regular el mercado del suelo. Explica que la Constitución reconoce el derecho a la propiedad en todas sus formas, pero cumpliendo su función social y ambiental. “Esta característica permite que el legislador y la autoridad pública competente establezcan ciertos requisitos, condiciones y limitaciones para el ejercicio de este derecho”, dice el documento.
Así, se crea el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo integrado por todos los niveles de gobierno. Tiene por objeto principal aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento que permite coordinar y articular las competencias entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
Se explica que la Constitución establece un catálogo de competencias exclusivas del gobierno central que tiene incidencia directa en el suelo, como áreas naturales protegidas, recursos naturales, políticas de vivienda, régimen de puertos y aeropuertos, recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales, lo que obliga la articulación con las competencias municipales sobre el uso y ocupación del suelo. De esta manera, el proyecto establece un ente de regulación, cuya principal característica es convertirse en el espacio de coordinación entre el gobierno central y los GAD.
Respecto de la creación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, la comisión anota que no se vulnera la autonomía de los GAD, porque estos tienen la facultad de decidir de manera directa en los ámbitos de sus competencias exclusivas, pero sus decisiones y acciones están sujetas al control. Esta institución, entonces, vigilará y controlará el correcto ejercicio de las competencias en este tema. Además, permite concretar el mandato del artículo 233 de la Constitución que establece que ninguna autoridad pública está exenta de responsabilidad administrativa por las actuaciones u omisiones en el ejercicio de su cargo.
Según las estadísticas presentadas en el primer debate, el 7 de mayo de 2015, existen importantes afectaciones a la ciudadanía respecto al correcto ejercicio de estas competencias. En el 2010 solo el 53.7% de viviendas tenía conexión con el sistema de alcantarillado y el índice de necesidades básicas insatisfechas, a diciembre de 2014 era del 35,42% de la población. Así mismo, el déficit cualitativo de vivienda en este mismo año alcanzó el 33,74%, mientras que el cuantitativo, en 2012, llegó al 13,7% y solo el 48% tenía condiciones aceptables de habitabilidad.
“Esto cobra mayor importancia en el Ecuador que se encuentran en una zona de riesgos naturales como movimientos telúricos, erupciones volcánicas e inundaciones”, manifiestan los asambleístas de la comisión en este informe.
