Dentro de este grupo de procesados se encuentra Carlos P. Y., imputado en su calidad de gerente de refinación de la estatal petrolera. También están Raymond M., Jorge V., Carlos Q., José Luis C. y Héctor R.
La audiencia de formulación de cargos se realizó durante más de cuatro horas este lunes 30 de enero del 2017. En esta diligencia, el fiscal Oswaldo Carvajal presentó ante el juez Fabricio Carrasco, 43 elementos de convicción que vinculan a los procesados en este caso.
Estos elementos fueron recabados con base en el Informe de Indicios de Responsabilidad Penal (IIRP) en el que la Contraloría alertó un posible peculado, en el contrato para la recuperación de condensados de la Refinería Estatal de Esmeraldas, entre junio de 2014 y abril del 2015.
Tras valorar los elementos, el Juez dictó prisión preventiva para Carlos P. Y. y Raymond M. También dispuso la prohibición de enajenar bienes y el bloqueo de sus cuentas por 3.8 millones de dólares.
Para los otros cuatro procesados: Jorge V., Carlos Q., José Luis C. y Héctor R., el magistrado les prohibió salir del país, que se presenten todos los lunes y viernes ante el fiscal del caso, el bloqueo de sus cuentas y enajenación de bienes por 3.8 millones de dólares.
La Fiscalía formuló cargos con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, que determina una pena máxima de 13 años. El delito de peculado vulnera la eficiencia de la administración pública, que es el bien jurídico tutelado.
Este es el octavo caso en instrucción fiscal, mediante los cuales se investiga presuntos hechos de corrupción en Petroecuador. Además, en el caso por cohecho, en el que también es procesado Carlos P. Y., se encuentra en la etapa de llamamiento a juicio, luego de la audiencia del pasado miércoles 25 de enero. Otros 15 procesos se encuentran en la fase de investigación previa.
Los hechos sobre este caso de peculado
La empresa de servicios de ingeniería mecánica, del procesado Jorge V., habría presentado un documento a Petroecuador, que sirvió para elaborar el presupuesto referencial de 23.3 millones de dólares para el contrato de recuperación de condensados.
Sin embargo, en el momento de la contratación, se habría decidido hacerlo con este referencial y Carlos P. Y., presuntamente, envió un memorando con el nombre de tres empresas que debían participar en las ofertas para la contratación, entre ellas la empresa de Jorge V.
Cuando Jorge V. presentó la oferta, lo habría realizado por 27.1 millones de dólares, sin que -presuntamente- existan justificativos para ese incremento, de acuerdo con el informe de la Contraloría. Es decir, el contrato se hizo con un incremento en su costo del 18%, con un plazo de ejecución de 730 días.
Además, Carlos P. Y. habría ordenado, a través de un memorando, que todos los contratos deben tener su visto bueno, como gerente de Refinería, y el de Worley Parsons, empresa nombrada como fiscalizadora de la obra y cuyo representante es Raymond M., también procesado en este caso.
Una vez iniciados los trabajos de recuperación de condensados en la Refinería, dicha fiscalizadora no habría reportado un desfase en la ejecución de ocho planillas, por lo que no se habría cobrado multas por 1.8 millones de dólares por ese atraso.
