Luego del fin de la fiesta de los Olímpicos, Brasil se enfrentó el jueves a una triste realidad cuando el senado abrió el juicio político contra la suspendida presidenta Dilma Rousseff.
Ella es acusada de modificar ilegalmente cuentas antes de su reelección en 2014 para ocultar un déficit en el presupuesto y seguir financiando programas sociales populares.
Rousseff niega los hechos y ha calificado todo el proceso como un golpe de Estado técnico dirigido por políticos implicados en una masiva investigación sobre corrupción.
«Cuando un presidente es acusado de un crimen que no cometió, el nombre que tenemos para eso en una democracia no es un juicio político, es un golpe», dijo a periodistas en mayo luego de que el Senado votó a favor de iniciar los procedimientos.
Ricardo Lewandowski, ministro de la Suprema Corte, preside el juicio, el cual tendrá declaraciones de testigos durante los primeros dos días. Rousseff tomará el estrado el lunes para presentar su defensa.
Una votación está programada para el próximo martes, durante la cual es ampliamente esperado que Rousseff sea destituida. Se requieren 54 votos a favor, o dos tercios de los 81 senadores.
Rouseff fue suspendida en mayo, ante lo cual asumió su cargo su vicepresidente Michel Temer. Si ella es destituida, Temer finalizará su mandado, que termina en 2018.
El juicio político contra Rousseff terminará con 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, que comenzó con Luiz Inacio Lula da Silva, un popular líder que sirvió durante dos mandatos.
Rousseff, una tecnócrata que nunca había ganado una elección, fue elegida por Lula como su sucesora. Ella fue reelegida en 2014 pero debido a la recesión económica y los crecientes escándalos de corrupción, su popularidad se desplomó a solo el 10%.
Al mismo tiempo, varios políticos y líderes de negocios fueron arrestados, acusados de formar parte de una red de sobornos centrada en la compañía estatal Petrobras. Rousseff fue presidenta de Petrobras durante siete años, pero no ha sido implicada en la investigación.
A pesar de ello, ocurrieron en todo el país protestas masivas contra la corrupción política, demandando la salida de Rousseff.
Ella insiste en que muchos de los legisladores que la quieren destituir buscan venganza porque están implicados en la investigación, por ejemplo Eduardo Cunha, quien renunció como presidente de la Cámara Baja en medio del escándalo.
Rousseff dejó las oficinas presidenciales luego de la decisión tomada por el senado en mayo pero se le permitió seguir en la residencia presidencial en Brasilia.
Los mercados financieros han tenido ganancias debido a la posibilidad de una destitución, pero los problemas financieros y políticos de Brasil están lejos de terminarse.
Si es confirmado como presidente, Temer deberá cortar el déficit y sacar a la economía de la peor recesión en décadas.
