El proyecto contó con los votos afirmativos de los 31 senadores del país y ahora pasará a la Cámara de Representantes (Diputados) para su discusión.
Una de las integrantes de la Comisión que redactó el proyecto de ley, la senadora del oficialista Frente Amplio Daniela Payseé, dijo a la prensa antes del inicio de la sesión que esta tipificación servirá como «herramienta» para revertir una situación «dramática» que es «una lacra que tiene la sociedad».
En este sentido, destacó que la ley considera como feminicidio al asesinato de una mujer «por su condición de tal» y una ley de esta índole es una «cuestión simbólica fuerte» contra los hombres que consideran a las mujeres «de su propiedad».
La ley modificará los artículos 311 y 312 del actual Código Penal y dispondrá, entre otras cosas, el agravante cuando se demuestre que el asesinato contra la mujer fue «por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal».
Con respecto a ello, se considerará feminicidio cuando se compruebe el asesinato relacionado con violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cuando la víctima se hubiera negado a «establecer o reanudar con el autor una relación de pareja» o cualquier conducta del autor que «atente» contra la libertad sexual de la víctima.
Asimismo, el proyecto original establecía el agravante de feminicidio en presencia de menores de edad que tuvieran algún vínculo de familia o parentesco con el autor de la víctima.
Sin embargo, Payseé señaló que esto «no satisfacía» a la Comisión y decidieron considerarlo «como agravante de homicidio» cuando este se realice en presencia de menores de edad, lo que implicará la incorporación del punto en el artículo 311 del código penal.
En tanto, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo a la prensa también antes del inicio del debate que su fuerza política «va a apoyar» el proyecto de ley ya que considera «una señal política necesaria de dar» en un momento en el que los feminicidios se convirtieron en un tema «muy relevante y muy preocupante».
Por su parte, el senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber, manifestó que su sector cree en que exista «agravamiento de las penas para ciertos delitos» en el código penal, principalmente los relacionados con la vida de las personas.
A su vez, Heber subrayó que su fuerza política «es coherente» en defender el aumento de penas ya que el actual código «no defiende la vida como debería» y acusó al oficialismo de ser contradictorio porque «en el caso del feminicidio sostienen de que es positivo agravar las penas» pero en otros casos manejan «la tesis contraria».
A la sesión asistieron muchas personas (en su mayoría mujeres) que fueron a observar la votación y a escuchar las opiniones de los parlamentarios respecto a esta situación.
Uruguay es uno de los países de la región con mayor número de feminicidios respecto a su población, de 3,4 millones de habitantes, ya que fueron asesinadas 22 mujeres en 2016 y en lo que va de 2017 ya hubo siete víctimas.
Una de las asistentes a la sesión, la responsable de la secretaría de género, equidad y diversidad de la central sindical uruguaya, PIT CNT, Milagro Pau, dijo a Efe que desde la gremial coinciden con la ley que se está debatiendo aunque querían que fuera «mucho más acotada».
En este sentido, Pau explicó que en ciertos artículos «se deja cierto margen de libertad» y existen «ciertos vacíos» para que los jueces no tipifiquen el feminicidio.
Asimismo, señaló que esta ley «no va a solucionar» los problemas de violencia del país pero es «un paso más» para generar conciencia en la sociedad.
«Es fundamental el cambio de una currícula de educación desde los primeros años de la infancia para crear conciencia de lo que es el respeto por el otro, el respeto a lo diferente y aprender que nuestros derechos humanos terminan cuando empiezan los derechos del otro», concluyó.
