En Colombia crece la controversia por acusaciones contra magistrados vinculados con la campaña de Gustavo Petro. La investigación podría llevar a ciertas sanciones administrativas

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En un entorno de creciente tensión política en Colombia, se han presentado denuncias contra magistrados del Consejo de Estado y del Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de una investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro por una presunta violación de topes electorales.

Según se informó, las denuncias fueron radicadas ante la Comisión de Acusación de la Cámara y la Fiscalía, respectivamente el viernes 11 de octubre.

“La denuncia fue asignada a la Fiscalía Delegada ante la Corte, donde además cursan algunas investigaciones también por temas de financiación de campaña a la Presidencia de la República, entre ellas, por asignación especial, la de quien fuera gerente de la campaña del hoy presidente, doctor Gustavo Petro. El tema es que las investigaciones están avanzando, se está trabajando en ellas, que es la garantía que yo les puedo dar”, dijo la fiscal General, Luz Adriana Camargo.
La controversia se originó cuando el Consejo de Estado ratificó la competencia del CNE para investigar administrativamente al presidente Petro, mientras que la Comisión de Acusación de la Cámara reclamaba jurisdicción sobre el caso. Esta decisión fue objeto de críticas y llevó a que los magistrados Ana María Charry, María del Pilar Bahamón y John Jairo Morales, del Consejo de Estado, sean acusados de prevaricato por acción y abuso de la función pública.

Así mismo, los siete magistrados del CNE que votaron a favor de investigar al presidente también enfrentan denuncias por prevaricato, según la fiscal Luz Adriana Camargo, quien trasladó el caso a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Esta situación ha intensificado las críticas del presidente Petro, que calificó las acciones como un intento de golpe de Estado.

A pesar de la polémica, expertos coinciden en que el proceso no resultará en la destitución del presidente, ya que dicha facultad recae exclusivamente en la Comisión de Acusación de la Cámara. El jurista Rodrigo Uprimny, de la corporación Dejusticia, resaltó que el fuero presidencial de Petro permanece intacto, ya que el CNE no tiene potestad para destituirlo ni suspenderlo.

La investigación del CNE podría culminar en una sanción administrativa, como una multa para el candidato y los demás implicados, que oscilaría entre el 1% y el 10% de los recursos que el Estado entregó a la campaña. Sin embargo, el proceso podría extenderse por al menos ocho meses antes de llegar a una resolución.

NOTA ORIGINAL: INFOBAE