Ese mismo día los ciudadanos ecuatorianos escogerán en las urnas al binomio presidencial, los integrantes a la Asamblea Nacional y los diputados al Parlamento Andino, que ejercerán desde 2017 a 2021.
El ejercicio democrático sobre los paraísos fiscales es inédito y revolucionario, al apuntar a un asunto álgido que las sociedades contemporáneas están llamadas a resolver, como una de las vías para luchar contra la corrupción y avanzar hacia al desarrollo.
Tras el destape de los llamados ‘Panama Papers’, que puso al descubierto esta práctica entre ciudadanos de varios países, entre ellos ecuatorianos aspirantes a cargos de elección popular, el presidente Rafael Correa presentó la propuesta para la realización de un plebiscito sobre el tema, la cual fue calificada por la Corte Constitucional.
Las autoridades aseguran que el propósito es buscar un compromiso ético y la coherencia de los políticos y funcionarios públicos con los destinos de la nación, y la posibilidad de que puedan ser repatriados los recursos nacionales escondidos en esos parajes.
Según estimados, en los paraísos fiscales permanecen unos 30.000 millones de dólares que representan la tercera parte de la economía ecuatoriana, y más de su 30% del Producto Interno Bruto (PIB); mientras se calcula que a escala mundial la suma resguardada es 7.6 billones de dólares.
En tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calcula que esta región tiene un déficit de inversión en infraestructura de más de 180.000 millones de dólares al año, y de ahí la importancia de que los recursos sean retornados a sus lugares de origen para que sean invertidos y puedan superarse los escollos al desarrollo.
El Presidente de Ecuador se convirtió en el primero con su investidura en rubricar una carta respaldada por más de 300 economistas del mundo para demandar el fin de esta práctica, y adelantó que hará campaña por el ‘Sí’. En su opinión, este puede ser otro de los ejemplos que Ecuador pueda dar a América Latina y el mundo. “Nos está viendo el mundo entero, Ecuador puede ser ejemplo, verán que va a ser un efecto dominó”, aseguró.
Por su parte, el canciller Guillaume Long ha calificado a los ‘paraísos fiscales’ como una vergüenza del siglo XXI, de rezago de premodernidad y de un capitalismo antiguo. Long, en representación del gobierno, ha emprendido una cruzada internacional, con gran receptividad en la ONU y en el propio G-77 que Ecuador preside este año, con la aspiración de que estos parajes sean prohibidos y abolidos absolutamente. El 2017, dijo, “será año de Pacto Ético” sobre los paraísos fiscales.
Partidos y agrupaciones sociales se sumarán a la campaña para la Consulta Popular
El pasado 28 de diciembre, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), encabezado por su presidente, Juan Pablo Pozo, aprobó la calificación y registro de las organizaciones políticas que participarán en la campaña por las dos opciones (Sí y No) para la Consulta Popular sobre paraísos fiscales.
Como resultado, se inscribieron 10 organizaciones políticas, seis de las cuales harán campaña por el ‘No’ y cuatro por el ‘Sí’; mientras, de las 11 organizaciones sociales registradas, ocho le apostarán al ‘Sí’ y tres por el ‘No’.
La plenaria también inscribió y registró a 18 personas naturales y jurídicas para que realicen pronósticos electorales, seis para que efectúen encuestas de voto a boca de urna y una para que ejecute el conteo rápido, en la Consulta Popular sobre Paraísos Fiscales.
También fueron calificados los medios de comunicación (radio, prensa escrita, televisión y vallas publicitarias) como proveedores de la Promoción Electoral para la Consulta Popular sobre Paraísos Fiscales, y se estableció un fondo económico que deberán distribuirse las agrupaciones participantes.
“Actualmente el fondo de promoción electoral es de 576 mil 751.41 centavos; eso deben dividirse las (organizaciones) de opción ‘Sí’ y las de opción ‘No’ para que puedan pautar en los medios de comunicación”, dijo a Andes el jefe de despacho de la presidencia del CNE, Daniel González.
Precisó, sin embargo, que corresponde a cada una de las formaciones políticas y sociales montar su propia estrategia a favor de su opción.
“Como Consejo Nacional Electoral únicamente lo que hacemos es asignar el fondo a través de un sistema informático y ya es el responsable del manejo económico quien directamente hace el pautaje con el medio de comunicación, sea en prensa escrita, radio, televisión o vallas publicitarias”, precisó.
González indicó que las prohibiciones que existen para esta consulta, son las mismas que rigen para las elecciones generales, como la utilización de recursos públicos o privados con fines electorales o pautar o contratar publicidad en prensa escrita, radio, televisión o vallas publicitarias distintas a lo autorizado por el CNE.
“Tenemos medios calificados, 615 para las elecciones generales y 579 medios que han calificado para la Consulta Popular, entonces estos son los medios autorizados y registrados en el Consejo para que puedan las organizaciones sociales y políticas pautar el fondo de promoción electoral”, acotó.
Pregunta en la Consulta Popular
Los ecuatorianos están llamados en las urnas el próximo 19 de febrero para responder a la pregunta de: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?.
Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano.
En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán atacar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución.
