Las instalaciones de Ecotel TV, de Loja (sur), fueron allanadas el pasado 6 de enero, por segunda vez, por policías y funcionarios de la Fiscalía y de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) de Ecuador.
En la operación se decomisó el equipo de transmisión del citado canal de televisión, una acción contra el canal similar a la ya realizada el pasado 16 de diciembre, criticó en un comunicado la SIP, con sede en Miami (EE.UU.).
El director y gerente general de Ecotel TV, Ramiro Cueva, interpuso un recurso legal y denunció que el «cierre del medio se debe a represalias por contenidos noticiosos que incomodaron al Gobierno del presidente Rafael Correa».
El recurso administrativo para desposeer de la licencia operativa a Ecotel TV está basado en el supuesto impago de la concesión en 2002 por un total de 52 dólares.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, aseguró que el organismo «nunca dejará de señalar que la Ley de Comunicación de Ecuador es la peor ley de prensa que existe en las Américas».
Se trata de una ley que, en palabras de Paolillo, «permite legalizar los abusos del Gobierno ecuatoriano contra los medios independientes en detrimento de la libertad de expresión y el derechos de los ecuatorianos a la información».
Paolillo avanzó que esta ley «injusta y abusiva» será uno de los temas de «discusión y posicionamiento» entre los candidatos a las elecciones presidenciales ecuatorianas de 2017.
El director y gerente general de Ecotel TV deberá presentarse a una audiencia de la Fiscalía el próximo 17 de febrero, en la que se determinará si procede un «juicio penal por delito al haber usado un medio de comunicación en violación a la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada 11 años después de la supuesta comisión de la infracción».
Este tipo de delito contempla una pena de tres a cinco años de prisión.
Ecotel trasmite ahora una versión digital en su página web.
La SIP recordó a Correa, en un foro junto a varias organizaciones ecuatorianas e internacionales de libertad de prensa, «su promesa de reprivatizar los medios incautados por el Estado».
El Gobierno ecuatoriano opera directamente siete canales de televisión -un récord a nivel interamericano- y nunca ha dado muestras de tener intención de convocar una licitación para la concesión de esas licencias, agregó la SIP.
