En su último informe titulado ‘Evaluación Comparativa de Contratación Pública 2017’, el Banco Mundial hace una evaluación pormenorizada de los elementos que componen los sistemas de contratación pública en 180 países alrededor del mundo.
Uno de los elementos que más se considera para la calificación es el aporte de los sistemas al desarrollo económico, productivo y el fortalecimiento de la industria privada en cada uno de los países. Es decir, cómo la contratación pública se convierte en un verdadero elemento de transformación productiva en cada nación.
Según Vásquez, que el Ecuador se ubique en esa posición, incluso por encima de países como Canadá y Estados Unidos, demuestra el esfuerzo que ha realizado el actual gobierno para “transparentar y volver eficiente” el sistema de contratación pública.
El Banco Mundial evalúa a los países de acuerdo a indicadores como: presentación de obras, garantía de desempeño, publicación de contratos, entre otros. Por ejemplo, en el primer eje, el Ecuador alcanza el 100%, es decir que en todos los procedimientos existe participación de al menos cuatro proveedores que cumplen los requisitos necesarios para concursar.
En la actualidad existen más de 680 mil contratos publicados en el Sistema Oficial de Contratación del Estado, donde se puede comprobar a detalle los montos de contratación, sistemas contractuales, términos de referencia, entre otros elementos.
Respecto al tema de productividad en la contratación pública, en el caso ecuatoriano se han adjudicado más de 980 millones de dólares para productores ecuatorianos los que ha “fortalecido la dolarización, evitando que salgan más de 700 millones de dólares en divisas”, precisó Vásquez.
Añadió que en Ecuador, el sistema de compras públicas sostiene más de 190 mil empleos al año y genera al menos 2.920 millones de dólares para el país por la implementación de procesos de contratación electrónicos.
Para los contratos el Sercop tiene un catálogo electrónico de proveedores del Estado que da prioridad a las más de 10.000 asociaciones de la economía popular y solidaria, a la que se adjudicó cerca de 800 millones en contratos entre 2015 y 2016.
