Estos son Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo; ellos supuestamente incumplieron sus funciones al revisar el reglamento del concurso del contralor general del Estado.
Lindao, quien es juez en La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas, dejó sin efecto la decisión legislativa en atención a una solicitud de medida cautelar autónoma interpuesta por el ciudadano Miguel Párraga.
Los socialcristianos señalan que el juez incumplió la ley al haber avocado conocimiento de una medida cautelar sin competencia territorial, pues el hecho ocurrió en Quito, Pichincha; que adoptó la decisión sobre hechos consumados; que no se verificaron requisitos de inminencia y gravedad; y que debió inadmitir la causa porque el accionante había abusado del recurso constitucional.
Por ello, piden a Murillo que inicie el proceso para que se declare judicialmente el “error inexcusable” del juez. Es decir, la Judicatura debe presentar el caso en la Corte de Justicia de Santo Domingo y que esta resuelva; luego se le impondrá la sanción que corresponda.
Los asambleístas que firman el pedido son Pablo Muentes, Esteban Torres, Luis Almeida, Johnny Terán, Nathalie Viteri, Eriberto Llanuca, Geraldine Weber, Nelly Plúas, Simón Remache, Jorge Carchipulla, Pedro Zapata y Jorge Abedrabo. (I)
Fuente: El Universo – Nota original: LINK