“Empresas que se estarían utilizando, creadas por estos estudios jurídicos como Mosack Fonseca serían empresas de papel; existe ahí la posibilidad de que haya personas naturales dentro de estos directorios que sean simplemente testaferros o prestanombres, que no tienen la calidad de inversionistas en un negocio formal sino que son las denominadas fantasmas, empresas de fachada que solo en el papel sirven para que puedan sustentar gastos a terceros y perjudicar al fisco”, dijo Orlando a ANDES.
Dijo que se incurre en un delito cuando se utiliza a una empresa domiciliada en un paraiso fiscal, forjando documentos, inventando gastos para disminuir la base imponible y evadir impuestos. Y que se configura el delito cuando se presenta la declaración tributaria consignando un dato sustentado en información falsa.
El SRI conformó un equipo especializado para esta indagación, conformado por economistas, auditores y profesionales de diferentes áreas, que se ha nutrido de 4 fuentes: los pocos nombres revelados a nivel local relacionados Mosack Fonseca, un listado facilitado por ciudadanos que han pedido mantener el anonimato, una inspección de carácter tributaria a la representante de la empresa panameña en Ecuador, e información obtenida en coordinación con la Fiscalía.
“Tenemos centenares de nombres que seguimos validando, no es una labor sencilla; tenemos que cruzar esa información dentro de millones de datos en nuestra base de información, pero tenemos enfocado cuáles son las relaciones, los países de destino, los países de origen del capital accionario de ciertas transacciones de servicios que nos permitirán enfocar de manera más efectiva la labor de investigación y control”, explicó.
Además, indicó que se han iniciado procesos de auditoria a empresas que se han identificado como riesgosas con la firme convicción, y el pedido expreso del presidente de la República, de que se investigue a fondo los nombres de las personas naturales y jurídicas ecuatorianas que podrían haber perjudicado al fisco.
“Nosotros tenemos ya una lista, no sabemos si va a coincidir con la lista que los periodistas ecuatorianos (que participaron en la coordinación de selección de difusión del Consorcio de Periodistas de Investigación ICIJ-), tenemos centenares de nombres de personas jurídicas, tanto domiciliadas en Ecuador, presuntamente creadas para cometer los ilícitos tributarias, y de personas naturales”, reveló.
«No tenemos un monto (de las transacciones), pero tenemos referencias de que la cantidad de empresas que tienen capital accionario domiciliado en paraisos fiscales es muy importante, son miles de millones que está en los patrimonios», expuso.
El director del SRI puntualizó que la investigación no se centrará únicamente en los papeles de Mosack Fonseca pues existen más de ochenta territorios, países y jurisdicciones a los que Ecuador ha identificado desde el año 2008 como paraísos fiscales.
En este sentido, recalcó que la lucha del gobierno del presidente Rafael Correa contra la evasión fiscal no es reciente y que, fruto de aquello, se ha triplicado la recaudación tributaria.
El SRI tiene identificado a otros actores en Ecuador que podrían tener relación con otros países que permiten el velo fiscal, dijo.
El representante de la administración tributaria hizo un llamado a los ciudadanos, e incluso a los propios periodistas, que tengan información relacionada a evasores de impuestos para que denuncien estos ilícitos con las autoridades competentes.
“Un periodista por más reserva de la fuente, no deja de ser ciudadano ecuatoriano. Nosotros le invitamos, con las reservas que quieran a todo ecuatoriano que quiera contribuir verdaderamente con su país y ayudar a evitar y sancionar el fraude fiscal, que dé información valiosa. Esa es una labor que podemos hacerla todos”, mencionó.
Tras la revelación selectiva de los papeles de Panamá por parte de los periodistas ecuatorianos de dos medios impresos, El Comercio y El Universo, el presidente Correa exigió que se revele toda la información relacionada al tema.
Paralelamente, la Asamblea Nacional inició una investigación en las comisiones legislativas de Justicia y Fiscalización. Una indagación similar lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
