Además, el Servicio de Rentas Internas considera que un exfuncionario le debe $ 6,2 millones y una contratista $ 13,4 millones. Eso sumaría más de cien millones de dólares provenientes de las revelaciones de los papeles de Panamá.
Ese dinero, así como decenas de procesos judiciales, en los que hay varios funcionarios condenados por el caso de sobornos de Petroecuador, son parte del balance de un trabajo periodístico a escala mundial del que EL UNIVERSO formó parte.
La tarde del domingo 3 de abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y decenas de medios de comunicación comenzaron a publicar reportajes sobre una de las mayores filtraciones del periodismo: 11,5 millones de archivos del estudio panameño Mossack Fonseca.
La data fue entregada al diario alemán Sueddeutsche Zeitung, que decidió compartirla con el ICIJ.
Al inicio el gobierno de ese entonces le restó importancia a la publicación. El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, aseguró que “con la investigación se ha demostrado que el Gobierno ecuatoriano es uno de los más honestos del mundo, al no haber ningún funcionario involucrado”.
Poco después el tono cambió. El presidente Rafael Correa exigía que se entregara toda la información de los papeles de Panamá. La Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llamaron a los periodistas a audiencias. El pedido no prosperó: los archivos reposaban en el ICIJ y el terremoto del 16 de abril cambió las prioridades de todos.
