El SRI hizo una consulta al Ministerio de Trabajo sobre este tema. Raúl Ledesma, titular de esta Cartera, dio a conocer las respuestas este miércoles, 2 de enero de 2019, y aclaró que el SRI es la única institución responsable de las acciones y omisiones en el caso de las licencias concedidas a María Alejandra Vicuña para ocupar otros cargos públicos.
Vicuña fue asambleísta por la provincia del Guayas, en representación de Alianza País (AP), en los períodos 2009-2013 y 2013-2017. Además, en el actual Gobierno se desempeñó como ministra de Vivienda y como Vicepresidenta.
La primera pregunta del SRI fue acerca de la licencia concedida a Vicuña para cuando se postuló y fue electa como asambleísta en los dos períodos anteriores.
En este caso, el Ministerio dijo que si era procedente una licencia sin remuneración por lo que en ese caso no hubo ninguna violación a la ley. En el caso de cuando fue Ministra de Vivienda, según la respuesta de la Cartera de Trabajo, se puede otorgar una licencia de hasta seis años pero, exclusivamente, para asumir de manera encargada o subrogante ese puesto. Pero no como titular, por lo que la licencia no fue legal y Vicuña debió haber perdido la carrera de servicio público. Lo mismo ocurrió cuando Vicuña asumió como Vicepresidenta de la República.
“La licencia sin remuneración que otorgaron a la señora María Alejandra Vicuña (…) para actuar en reemplazo de un dignatario de elección popular era improcedente (…) cuando fue encargada era procedente porque era por 90 días pero cuando se titularizó no”, explicó Ledesma.
Sobre lo que tiene que ocurrir ahora, el Ministro dijo que las normas son claras. Recalcó que el SRI no debió de haber otorgado los permisos como Vicepresidenta y Ministra de Gobierno. Y que esto debiera ocasionar que se inicien acciones legales en contra de las autoridades que otorgaron los permisos.
En cuanto al puesto de Vicuña, explicó que la norma dice que el SRI podrá ejecutar una destitución de inmediato pero él cree que en atención al debido proceso debe iniciarse un sumario administrativo para que ella presente sus pruebas de descargo. “Lo que ya no se hizo, mal creo debiera hacerse de manera apresurada”, dijo pero aclaró que esto depende de las autoridades del SRI.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
