Varios legisladores coincidieron en que la reforma al artículo 165 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, sobre la consideración de ingresos extraordinarios obtenidos por las empresas que han suscrito contratos con el Estado para la exploración y explotación de recursos no renovables debe tratarse en otro proyecto de ley.
Hay temas de transferencia de tecnología, tributarios y de contratos que debemos revisarlos para hacer lo más beneficioso para el Ecuador, aseveró la asambleísta Ximena Ponce, mientra que la Rosana Alvarado agregó que este tema merece un debate que se lo debe hacer mediante un proyecto de ley separado.
Sobre la marginación de algunos sectores para que no paguen este impuesto, entre ellos para quienes se dedican a la promoción inmobiliaria y construcción de bienes inmuebles, las dos legisladoras consideraron que se deberían fijar plazos. Este sector tiene, por otras disposiciones legales, mecanismos para hacer recuperación de plusvalía. Hay que establecer restricciones más exactas, porque hay negocios que florecen no solo con la producción, sino con la especulación del terreno cuando se lo deja engordar, dijo Ximena Ponce. Planteó que se fijen dos años de plazo para que un bien esté sin ser utilizado.
La legisladora por Pichincha planteó además progresividad para el pago del 75% del tributo sobre las ganancias extraordinarias, que pueden irse estableciendo desde el 50% hasta el 75%. Propuso que los recursos que se obtengan se destinen también para adecuación y mejoramiento del espacio público, así como para implementación de espacio urbano.
Ximena Ponce y Rosana Alvarado cuestionaron la posición de otros parlamentarios que aseguraron que este proyecto es confiscatorio. Lo dijo Patricio Donoso, quien además manifestó que se estaría cometiendo un error con las familias y un gran golpe al empleo.
No es confiscatoria porque cumplimos los preceptos constitucionales, porque el valor del bien se va manteniendo, se aumenta el valor de adquisición, la recuperación del dinero entre los años de compra y venta, se le aumenta el valor de mejoras, la base imponible de 24 salarios básicos unificados y sobre eso, si existe diferencia, se calcula el 75%. Trabajaremos por ese 36% que aún requiere un acceso a la vivienda. Hay un proyecto político que quiere que el mercado funcione para la ciudadanía, fundamentó Ximena Ponce.
La rentabilidad a corto plazo se llama especulación y esta nunca es legítima, nunca le hace bien a la mayoría. En este país que ha sufrido la especulación financiera, inmobiliaria, monetaria, se tiene que enfrentar el debate sobre el derecho a la ciudad, que no puede ser para unos pocos. La especulación incrementa los niveles de desigualdad, aseguró Rosana Alvarado.
El mero paso del tiempo no da derecho a nadie a jugar con el derecho a la vivienda. El derecho a la ciudad no puede ser de unos pocos, que buscan rentabilidad a corto plazo, esa rentabilidad que no la tendrían si es que arriesgan el capital en ninguna parte del mundo. Están enseñados a enriquecerse con el dolor de cerca del 40% de ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda, agregó.
Ximena Ponce también se refirió al valor del trabajo. Todos se esfuerzan por su trabajo y por eso obtenemos y le damos valor a las cosas, pero en el caso de estas ganancias extraordinarias no hay esfuerzo, hay especulación, precisó.
