La corte aclaró hoy las dudas que habían surgido en torno a la elección de los miembros de una comisión especial de la Cámara de Diputados que deberá decidir si existen méritos para un eventual proceso contra la mandataria, como afirma la oposición.
El trámite llegó a comenzar en diciembre pasado, pero días después fue suspendido por la corte por «errores de procedimiento», en su mayoría relacionados con la elección de los 65 miembros de esa comisión, que había sido celebrada en forma secreta, cuando debía ser abierta, según ratificó hoy el tribunal.
Otro punto objetado por la corte fue que la elección de la comisión se había hecho mediante la presentación de dos listas de candidatos, cuando los posibles miembros deberán ser seleccionados por los jefes de los grupos de los partidos representados en la cámara y aprobados por el pleno de la cámara.
Esa determinación recibió duras críticas de los magistrados José Antonio Dias Toffoli y Gilmar Mendes, los dos únicos que votaron a favor de aceptar las apelaciones presentadas por la Mesa Directora de la Cámara de Diputados.
Dias Toffoli sostuvo que lo acordado por la corte «crea dos tipos de diputados: los de primera, que son los jefes de los grupos y son los que eligen, y los de segunda, que son los restantes, que quedan totalmente subordinados, sin derecho a opinar».
Mendes, por su parte, recordó que una vez que el Supremo decidió en diciembre pasado lo que hoy ha ratificado, el Gobierno maniobró para alterar la jefatura en algunos partidos a fin de que estuviera en manos de parlamentarios completamente afines a Rousseff.
Citó el caso del grupo del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), en el que existen sectores disidentes que habían elegido al jefe del partido en la Cámara baja, que luego de la decisión de la corte fue destituido y cambiado por un diputado cercano al Gobierno.
«Es una manera de fraude que afectará todo el proceso» y que «consagra toda forma de corrupción», enfatizó el magistrado.
El PMDB citado por Mendes será seguramente el fiel de la balanza si el proceso avanza, ya que representa la segunda minoría en la Cámara baja, con 66 de los 513 escaños, en tanto que en el Senado es la primera fuerza y ocupa 18 de los 81 asientos.
Esa formación es liderada por el vicepresidente del país, Michel Temer, primero en la línea sucesoria en caso de que la mandataria sea destituida, y las alas disidentes que existen en su seno ya han anunciado su intención de apoyar el juicio político a Rousseff.
Esas diferencias internas fueron debatidas en una convención que el PMDB celebró el pasado sábado, en la que el partido acordó que se dará un plazo de 30 días para decidir si permanece en el Gobierno o rompe con Rousseff, como exigen los sectores más díscolos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, dijo la semana pasada que esperaría la decisión de la corte para reiniciar el proceso, pero aún no ha aclarado si pretende convocar las primeras sesiones sobre ese asunto para esta misma semana.
Frente a la inminente retomada del proceso, el Gobierno ha jugado una fuerte carta política, como lo fue el nombramiento, anunciado hoy, del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo ministro de la Presidencia en el Gobierno de su pupila Dilma Rousseff.
Fuentes políticas admitieron que la llegada de Lula al gabinete apunta a aprovechar su muñeca política para aglutinar a una base parlamentaria fragmentada e impedir que prospere el proceso que promueve la oposición, que se fundamenta en irregularidades en que el Gobierno incurrió en sus balances de 2014 y 2015.
