El Tribunal Supremo de EEUU examinará hoy si el presidente, Barack Obama, adoptó de forma legal sus medidas migratorias para frenar la deportación de cinco millones de indocumentados o si, por el contrario, se excedió en su poder, como sostiene la oposición republicana.
La cita judicial llega en un momento de alta tensión de cara a las elecciones presidenciales de noviembre con aspirantes como el magnate Donald Trump, que pretende conseguir la candidatura presidencial republicana y que aboga por construir un muro en la frontera con México y deportar a todos los indocumentados del país.
«Las familias no tienen fronteras» y «paren las deportaciones» son algunas de las consignas que figuran en las pancartas que desde primera hora del día se agolpan frente a las puertas del Supremo, donde el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa espera reunir a más de 3.500 personas.
Dentro del Tribunal, durante una audiencia de 90 minutos, los jueces analizarán hoy los decretos ejecutivos que Obama dictó en noviembre de 2014 y que fueron bloqueados a comienzos de 2015, un día antes de entrar en vigor, a petición de 26 estados, encabezados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.
Los 26 estados consideran que Obama se ha excedido en su poder al dictar por decreto su plan migratorio, que consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a EEUU.
La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que pretende evitar la deportación de los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
Estas medidas son temporales y permitirían a los beneficiarios conseguir los permisos de trabajo y de conducir.
Consciente de que se juega uno de sus mayores legados en política interna, el Gobierno de Obama defiende su poder para fijar diferentes prioridades en la expulsión de indocumentados y pone de ejemplo a dos expresidentes republicanos, Ronald Reagan y George H.W. Bush, que dictaron medidas similares.
Además de los estados y el Gobierno federal, durante la audiencia de hoy tendrá la oportunidad de declarar un abogado del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef), que representa a tres mujeres indocumentadas de Texas y que podrían acogerse a uno de los programas proclamados por Obama.
En apoyo de la tesis que defienden los estados, declarará un letrado que representa a la mayoría republicana de la Cámara Baja, que sostiene que Obama se extralimitó en su poder, dictó medidas demasiado amplias y solo el Congreso tiene capacidad para cambiar las leyes migratorias.
Frente a las partes, dentro del Tribunal Supremo, estarán solo ocho de los nueve jueces con cargo vitalicio que deben componerlo, cuatro conservadores y cuatro progresistas debido a la muerte en febrero del magistrado conservador Antonin Scalia.
El dictamen llegará en junio y, si empatan, los magistrados tienen la opción de dejar en vigor el veredicto de la corte inmediatamente inferior, lo que perjudicaría a Obama, o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Supremo una vez que un nuevo juez se incorpore al Tribunal.
