La medida se llevará en rechazo de la deficiente falta de control a las unidades de taxismo informal, a decir de Carlos Brunis, presidente del gremio.
Específicamente se refieren al servicio que prestan organizaciones informales Uber, Cabify y otras empresas que emplean aplicaciones para ofrecer el servicio de transporte, pero que no cumplen con los mismos requisitos que se exigen a las cooperativas.
El representante de los agremiados indicó que a las 09:30 se concentrarán en el Parque El Arbolito; a las 10:00 se realizará una movilización hacia tres puntos: el Servicio de Rentas Internas (SRI), Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Transporte, en donde se entregará un pliego de demandas. Se estima que la movilización se llevará a cabo hasta el mediodía, luego de lo cual los conductores continuarán con sus actividades. En Quito hay alrededor de 200 operadoras de taxis.
En la reunión se determinó que acudirán 10 delegados por cada entidad, por lo que se estima que más de 2.000 personas cumplirán con la medida. El resto continuará laborando para evitar un paro de actividades. La movilización será pacífica, advirtieron los agremiados.
De momento, en las avenidas se observan que los taxistas colocaron letreros y adhesivos para manifestar su rechazo a la falta de control de las unidades informales.
Luis Lambert Borja, gerente general de la Federación Nacional de Transporte de Taxis del Ecuador, refirió que las normas internacionales establecen que por cada millón de habitante deben haber 3.000 taxis.
Según sus cálculos, si Quito es una ciudad de 2,5 millones de personas, debería haber 7.000 unidades. Indicó que hace varios años había alrededor de 9.000 vehículos legalizados. No obstante, durante la gestión del alcalde Augusto Barrera se normaron otros 5.400 y con la última regulación que adoptó el Municipio, en diciembre de 2017, se van a incrementarse 10.300.
«A la vuelta de la esquina Quito va a tener cerca de 25 mil taxis», explicó. De ahí el planteamiento de los conductores que exigen que no se dé paso a la circulación y haya más control en el servicio informal.
Lambert indicó que las operadoras de transporte transnacionales no cumplen con las normas vigentes nacionales. Lo único que han hecho es reclutar personal y se cobran altas tarifas con vehículos particulares, sin permisos de funcionamiento. El gerente recordó que el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece cuatro sanciones para el servicio informal.
Para el que no tiene un permiso de operación y para el que teniendo permiso de operación no cumple con la ley. En estos casos se contemplan dos remuneraciones básicas de multa, 10 puntos menos en la licencia del conductor del vehículo por siete días.
Sin embargo, las entidades responsables no hacen cumplir las normas. «Las autoridades de control están fallando. Quito asumió la competencia de planificar, regular y controlar el tránsito en su jurisdicción, pero no lo hace».
Fuente: El Telégrafo
