Anchundia manifestó que esta empresa desde el 2018 ha sido sujeta, como otras compañías, a la supervisión y control, por lo que se les solicitó informes y balances, pero no se obtuvo respuesta.
Expresó que en diciembre pasado la empresa ejerció su derecho a la defensa, y presentó sus acciones de protección. «Los jueces constitucionales dieron la razón a la Superintendencia de Compañías y los procesos de control prosiguieron, pero la empresa no dio la información y la poca información que proporcionó en los últimos días del 2018 no satisfacía la autoridad de control», indicó.
Según Anchundia, «la suma de todas estas acitudes encuadró a la compañía y a su administración en una causal de disolución y liquidación«. La resolución fue tomada como una decisión tendente a precautelar intereses de socios, accionistas y terceros, agregó el superintendente.
Insistió que la Superitendencia no regula ni vigila la actividad mercantil de las empresas. «Lejos estamos de controlar sus funciones, (…) lo que sí hace es vigilar la actividad financiera y económica«.
Anchundia señaló que los socios tienen inalterable su patrimonio porque el acto administrativo ha sido sobre la compañía que podrá superar la causal, es decir presentar la información requerida por la autoridad de control, y reactivarla.
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
