Temer asumió la presidencia interina el pasado jueves, después de que el Congreso suspendiera el mandato de Dilma Rousseff por seis meses para iniciar un juicio político con miras a su destitución, y hoy celebró con los sindicatos su primer encuentro institucional fuera de su gabinete.
El jefe de Estado interino abrió un nuevo debate en materia de seguridad social junto con los nuevos ministros de la Presidencia, Eliseu Padilha, y el de Hacienda, Henrique Meirelles, que mañana podría presentar a su nuevo equipo económico.
El gobernante interino se reunió con representantes de Força Sindical, la Central de los Sindicatos Brasileños (CSB) y la Unión General de los Trabajadores (UGT), que expresaron la necesidad de encontrar «alternativas» antes de iniciar un reforma del sistema de pensiones.
Paulo Pereira da Silva, presidente de la central obrera Força Sindical y uno de los articuladores del juicio político contra Rousseff, afirmó que Temer consideró la reforma como una «urgencia» y sugirió la creación esta misma semana de un grupo de trabajo para discutir dicha cuestión durante los próximos treinta días.
No obstante, Pereira da Silva, también diputado y conocido como Paulinho da Força, resaltó que el Gobierno interino debe tomar medidas, como recaudar dinero de algunos sectores que están «exentos de pagar», antes de emprender una reforma que «quite el derecho a los trabajadores».
«A partir de ahí discutiremos si se tienen que hacer reformas», afirmó Pereira da Silva tras la reunión con Temer en el Palacio presidencial de Planalto.
Y añadió: «No podemos aceptar cambios para los que están en el sistema (de trabajo). Para los que van a entrar lo podemos discutir».
El presidente de la CSB, Antonio Neto, por su parte, afirmó que a lo largo del mes los sindicatos discutirán con el Gobierno «alternativas» que permitan mantener «los derechos de los trabajadores» e insistió en que, a su juicio, «no es necesaria una reforma» del sistema de pensiones.
Neto lamentó la ausencia de la Central Única de los Trabajadores (CUT), el mayor gremio obrero del país e históricamente ligado al Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, que no acudió a la reunión al alegar que no reconoce «golpistas como gobernantes».
«La CUT continuará defendiendo los intereses de la clase trabajadora, principal víctima del golpe, exigiendo la vuelta del Estado de derecho y de la presidenta Dilma Rousseff, legítimamente electa con 54 millones de votos», sostuvo el presidente de la CUT, Vagner Freitas, en un comunicado.
