«Somos un país abierto al negocio», dijo el ministro de Minas sudafricano, Mosenbenzi Zwane, durante la apertura del salón, un mensaje que parece haber caído en saco roto.
«Las perspectivas de inversiones son realmente negativas», responde Neal Froneman, director general del grupo Sibanye.
La situación de su empresa sintetiza el problema de diálogo entre el sector y las autoridades.
Su compañía presentó una demanda contra el gobierno pidiendo 26 millones de rands (1,9 millones de dólares) en concepto de daños y perjuicios por el cierre de una de sus minas de platino después de un incidente mortal en septiembre.
No es el único en acudir a los tribunales. El año pasado, una corte dio la razón a la compañía AngloGold Ashanti frente a las autoridades, que suspendieron la actividad en toda una mina tras una serie de problemas en una parte de ella. «Cuando se cierra una mina entera a causa de un problema localizado, los daños económicos son considerables», lamenta Roger Baxter, jefe de la Cámara de Minas sudafricana.
El ministro Zwane se mantiene firme.
El gobierno no va a transigir -advierte- con los temas de seguridad por mucho que les pese a las compañías mineras ni por las «amenazas» judiciales.
Un total de 73 mineros murieron en Sudáfrica en 2016, cuatro menos que el año anterior.
