Así lo indicó Wilson Z., exagente de la UIES, quién rindió su testimonio anticipado ante Cecilia Armas, Fiscal General del Estado subrogante y Silvia Sánchez Insuasti, Jueza de la Corte Nacional de Justicia, en el proceso que investiga la detención ilegal, tortura y desaparición forzada de Arturo Jarrín, en el contexto de un crimen de lesa humanidad. Dicho testimonio se efectuó desde la cámara de Gesell, puesto que su vida está en riesgo y se encuentra bajo la tutela del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.
De acuerdo con el procesado y quinto testigo protegido presentado por la Fiscalía General del Estado este 22 de junio de 2016, aquella noche, antes de los disparos, le ordenaron subirse al balde de una camioneta azul de una cabina junto a los oficiales Pedro C. y Eduardo Z. En el interior del vehículo se encontraban los oficiales Alberto R. y José V., y en el medio Arturo Jarrín. Le indicaron que iban a realizar verificaciones y se dirigieron a Carcelén.
Luego de escuchar los disparos, el exagente dejó la esquina que sus superiores le ordenaron cuidar para que no pasen peatones ni autos; se acercó algunos pasos y vio a dos de los oficiales llevar cargada a una persona, a quien subieron al balde de la camioneta. Se trataba de Arturo Jarrín, cuya ropa estaba manchada de sangre de la cintura para arriba.
Corrió hacia ese auto, se subió… ¿qué pasó? le preguntó a Eduardo Z., quien contestó: -Quiso fugarse este hijo de (…)-. El auto tomó un camino lastrado, lo que ahora es la avenida Occidental, para llegar a la morgue de la Policía Nacional en Quito, en donde ya los esperaban Édgar V. y otros integrantes de la UIES.
El testigo señaló además que Arturo Jarrín fue recibido por el exasesor del Ministro de Gobierno, Gustavo L., el Jefe de la UIES, Édgar V. y otros oficiales de dicha unidad policial, el 25 de octubre de 1986, en la Base de la Fuerza Aérea de Quito. Posteriormente, fue trasladado hacia “La Remonta”, una dependencia policial localizada en Tambillo, confirmando lo señalado por otros dos exagentes de la Policía que rindieron su testimonio anticipado la semana anterior.
El exagente Wilson Z. precisó que en “La Remonta”, Arturo Jarrín fue colocado en una habitación de una casa vieja, y permaneció ahí toda la noche. Al día siguiente, cerca del medio día cuando regresaba comprando alimentos, encontró en el lugar nuevamente a Gustavo L. y Édgar V., quienes horas después se retiraron.
En aquella época, la Policía Nacional y las autoridades de Gobierno indicaron que Arturo Jarrín falleció durante un enfrentamiento con policías que patrullaban casualmente por Carcelén, norte de Quito. Los agentes de dicho patrullero, supuestamente intentaron detenerlo, pero fueron contestados con disparos.
El proceso penal
Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado formuló cargos el 28 de abril del 2016, con base en 37 elementos de convicción: versiones, pericias e informes, en contra de 13 personas, 11 policías y dos civiles.
La jueza nacional Sylvia Sánchez dictó prisión preventiva contra tres personas. Otros 10 procesados están con medidas sustitutivas: presentarse una vez al mes en la Corte Nacional de Justicia y no salir del país.
A partir de esa fecha, la Fiscalía tiene 90 días para profundizar su investigación (instrucción fiscal) y recabar elementos para solicitar que se llame o no juicio a los procesados. En caso de existir nuevas personas vinculadas al proceso, la investigación puede extenderse por 30 días.
Durante esta fase, la Fiscalía solicitó los testimonios anticipados de siete testigos protegidos, con base a lo que faculta el artículo. 502.2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Con el testimonio de Wilson Z. son cinco los que han entregado su relato: 4 testigos protegidos y un procesado, también con protección de la Fiscalía.
El propósito de los testimonios anticipados es evitar que los testigos protegidos acudan a la audiencia de juicio para no exponerlos a un riesgo frente a los implicados al proceso.
El caso de Arturo Jarrín Jarrín fue denunciado en el Informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador y es parte de las múltiples violaciones de derechos humanos atribuidas a la UIES.
