El calendario de comparecencias se extenderá hasta el 26 de julio. Ese día se tiene previsto que el acusado presente las pruebas de descargo a las seis acusaciones presentadas por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES), que tiene relación con arrogación de funciones en el cargo de contralor subrogante; incumplimiento de funciones en el desvanecimiento de glosas durante su administración a varias empresas contratistas con el Estado; y, extralimitación e interferencia de funciones en las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE), durante el proceso electoral 2021.
Si bien el interpelante Lloret planteó la destitución y censura de Pablo Celi, lo que podrá hacer la Asamblea Nacional es pronunciarse únicamente por la censura debido a que el acusado renunció al cargo el pasado 5 de julio.
Pedro Velasco (BAN), miembro de la Comisión de Fiscalización, señaló que todo está listo para iniciar este domingo con la presencia de los cinco miembros del CNE, respecto a la acusación de supuesta extralimitación de funciones.
Una vez que haya concluido la evacuación de pruebas durante los diez días, la Comisión de Fiscalización tendrá cinco días para preparar el informe y este será remitido a la presidencia de la legislatura para que convoque a sesión y se pueda conceder la recomendación.
Los primeros funcionarios convocados a comparecer desde las 08:00 del domingo son los consejeros del Consejo Nacional Electoral; Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral; Fausto Camacho, exconsejero del CNE; y, los representantes legales de los movimientos políticos Fuerza Compromiso Social, Juntos Podemos, Justicia Social, Libertad es Pueblo y la coalición Unión por la Esperanza.
Según el interpelante Juan Lloret, en esta primera ronda de comparecencias se intentará comprobar la interferencia de Celi en la función electoral al pretender eliminar mediante una resolución la vigencia de cuatro organizaciones políticas; destituir a tres consejeros del CNE; y, entre la primera y segunda vuelta electoral del 2021, intentó implementar una auditoría al sistema informático, sin tomar en cuenta lo que determinan la Constitución y el Código de la Democracia, donde se señala que ninguna autoridad podrá intervenir en el ámbito electoral.
En el caso de las organizaciones políticas, Celi -según el interpelante- pretendió implementar el doble juzgamiento y constituirse en un tribunal de alzada, respecto a la inscripción en el registro electoral de cuatro organizaciones políticas. Además intentó hacer una auditoría informática con lo cual se arrogó funciones que no las tenía y vulneró derechos de los movimientos políticos que buscaban su participación electoral en el proceso del 2021.
Nota Original: El Universo – LINK
