No obstante, en la sesión del pasado martes 7 de agosto, el órgano legislativo resolvió, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos que exige la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se daba paso a la calificación.
Según una publicación de la Asamblea, el pasado 26 de julio el CAL trató el tema, pero no hubo los votos para tomar una resolución al respecto, «por lo que ayer (7 de agosto) retomó la votación y dio paso de forma unánime al trámite para el juicio político».
La motivación principal es un mal uso de los $ 300 millones destinados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Los proponentes del juicio argumentan que el entonces ministro tomó ilegalmente ese dinero del fondo de la Ley de Solidaridad para trasladarlos a la cuenta única del tesoro nacional.
Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, dijo que una vez que termine el receso legislativo, la Secretaría General notificará a la Comisión de Fiscalización el inicio del juicio político.
«Una de las funciones de la Legislatura es la de fiscalizar y justamente de eso se trata. Los ecuatorianos demandan respuestas y la votación unánime demuestra que existe la voluntad política de hacerlo». El receso legislativo inicia el 15 de agosto y culmina el 29 del mismo mes.
Fuente: El Telégrafo
