Michel Doumet, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) consideró que la propuesta no es viable, más aún cuando la institución definió resoluciones administrativas sobre el traslado de personas y de carga en lugares donde no hay transporte formal, cuyo tema se ha socializado con la Policía para limitar las sanciones a los dueños de los carros que prestan ese servicio.
Tratamos de proteger la seguridad y la vida de personas y evitar casos como el accidente de tránsito en el Chaco, provincia de Napo, en que fallecieron 9 niños, mismo que se produjo al caer una camioneta del puente sobre el río Oyacachi, enfatizó.
Explicó que trabajan, de forma conjunta, con los GAD en un censo para establecer el número de camionetas, las condiciones técnicas del vehículo y las necesidades de la población en este ámbito, tras señalar la disposición para agilizar los trámites que permitan que los dueños de los carros se incorporen a cooperativas u operadoras legales o conformen nuevas asociaciones.
Con esta opinión coincidió Lorena Bravo, exdirectora de la ANT, quien manifestó que se ha regularizado la presencia de camionetas doble cabina para transporte rural, que ofrece seguridad y protección a la integridad de los ciudadanos. La reforma sería un retroceso en cuanto a seguir bajando los índices de accidentes de tránsito, que ha sido posible gracias al Código Penal y a la Ley de Tránsito.
El asambleísta Gilberto Guamangate manifestó que los dueños de vehículos ofrecen un servicio vital a las comunidades, trasladando a personas y productos a los mercados, al igual que a niños a sus respectivas escuelas, pero son víctimas de enérgicas sanciones como privación de libertad, multa económica y retiro de puntos en sus licencias. Este tema merece una respuesta concreta y efectiva; el proyecto está abierto al debate, dijo.
Entre tanto, los parlamentarios Luis Fernando Torres y Miguel Ángel Moreta reconocieron la importancia de los actos administrativos adoptados por la ANT, ya que atienden una realidad del campo, pero los conductores de camiones o camionetas no podrían liberarse de las sanciones contempladas en la norma penal. Pidieron transparentar la situación de las notificaciones y multas a conductores por efecto de los fotorradares y los entes responsables de calibrar dichos aparatos.
Urge dar respuesta y solución a la demanda de los sectores rurales en función de la dignidad humana, pero no va por una reforma penal, ni por decretos o resoluciones administrativas, pues es un tema de seguridad, garantizar la vida de las personas, aseveró, por su parte, la asambleísta Marisol Peñafiel, al recordar que en la Ley de Tránsito se fijó una transitoria para que la ANT en un tiempo determinado enfrente la problemática. También pidió aclarar los criterios técnicos para otorgar permisos de funcionamiento y cupos para cooperativas y compañías.
El legislador José Luis Macas invocó a trabajar en programas constantes que contribuyan a crear una cultura vial en la sociedad e invertir en elementos tecnológicos como los semáforos, para bajar más la siniestralidad por accidentes de tránsito.
