El contrato entre el transporte público y el Municipio de Quito para legalizar el servicio todavía no está listo. El plazo para elaborar el documento venció el pasado diciembre. En entrevista exclusiva con Notimundo, Jorge Yánez, representante de los transportistas urbanos, explicó cuál es el punto por el que no se llega a un acuerdo.

Jorge Yánez, en entrevista exclusiva para Notimundo, comentó que debido a un tema de carácter económico, todavía no se llega a un acuerdo entre el gremio de los transportistas públicos y el Municipio de Quito. “Nosotros hemos solicitado que en el contrato que se va a suscribir se ponga una fórmula polinómica para que, en el lapso de 10 años, tengamos nosotros la posibilidad de una revisión tarifaria de conformidad con los índices de inflación, con los índices de depreciación de los vehículos y que, de esta manera, entre en vigencia una revisión de tarifa”, aseguró Yánez. Por su parte, el Municipio afirma que ya hay una compensación económica por lo que no hay como incrementar las tarifas.

Yánez también comentó que hace algunos meses se formó una comisión para definir los detalles definitivos de los contratos con sus solicitudes. En esta comisión participaron cinco miembros representantes de los transportistas. Según el representante de los transportistas, existen cuatro partes fundamentales para este contrato: El primero son los comparecientes, en este caso el Municipio y los transportistas; el objeto, que es el sistema de transporte; el tiempo de duración del contrato en conformidad con la última resolución de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que en este caso son 10 años, y el valor que debe tener este contrato. Este último punto es que el que ha generado el desacuerdo y según Yáñez es importante una reunión para redefinir este tema ya que la bonificación que tienen los transportistas no durará para siempre.

Adicionalmente, otro de los pedidos por parte de los transportistas al Municipio es que se ponga al día en los pagos de las compensaciones ya que, según indica Yáñez, existe un desfase de cuatro meses, en los que no han sido cancelados. Por su parte, para el concejal Eddy Sánchez, presidente de la Comisión de Movilidad, la ordenanza es clara cuando señala que el congelamiento de las tarifas del transporte público, en este caso buses, a cambio del pago de una compensación que se debe entregar mensualmente 1000 dólares a aquellos buses que se manejan con la caja común y un valor de 400 dólares para los demás, pero siempre y cuando se cumplan con parámetros de calidad. Adicionalmente, el edil asegura que no existe mora y que se ha cancelado puntualmente a los buses que han cumplido con los parámetros de calidad.

Se tiene previsto en esta semana una reunión entre el gremio de transportistas públicos y Municipio para definir y llegar a un acuerdo respecto a este tema. El contrato en este caso es indispensable no únicamente para poder operar en la ciudad sino para la matriculación de los vehículos.