Las actividades mineras en el proyecto Río Blanco, en Azuay, están temporalmente suspendidas después de que, el viernes pasado, el juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, Paúl Serrano, aceptara la acción de protección en contra del proyecto minero a cargo de la compañía ecuatoriana Ecuagoldmining South América, filial de la firma china Junefield Group.
El recurso legal fue interpuesto por comuneros de las parroquias de Río Blanco y Molleturo, quienes alegan que las actividades mineras ponían en riesgo las reservas de agua cercanas. Yaku Pérez, presidente de la Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (Ecuarunari), expuso ante el magistrado que una laguna cercana a la zona de explotación está desecada y existe otra a menos de 50 metros de la boca de una mina, por lo que corre el riesgo de contaminarse con los residuos.
Pérez, como abogado de las comunidades, aseguró que el proyecto está dentro del área de protección de la Reserva de la Biosfera del Macizo del Cajas y que en este territorio están 72 comunidades. Asimismo, indicó que previo a la explotación no se cumplió con la consulta previa.
Tras reconocer estos argumentos, además de la suspensión de las actividades mineras, el juez Serrano ordenó la salida inmediata de militares y policías de la zona de Molleturo.
En 2018 se prevén ingresos para el país por USD 50 millones por regalías anticipadas del sector minero y 1.000 millones en inversiones.
