El dictamen del juez creó un lío legal, pues se conoció días antes que Jacobo Bucaram fue ingresado al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi por el pedido de la jueza Ana Lucía Cevallos, de Quito, quien lleva el proceso por delincuencia organizada en esa ciudad, caso en el que están involucrados el exmandatario, un ciudadano israelí y tres vigilantes de tránsito señalados también de falsificar credenciales de la DEA.
El juez Terán, quien lleva el proceso de tráfico de bienes patrimoniales contra Jacobo y su padre, resolvió el traslado hasta la cárcel de Guayaquil, cuando según otros legistas de la Judicatura, no le correspondía.
Por esto el Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de Libertad pidió al Consejo de la Judicatura resolver en qué cárcel debe permanecer el hijo mayor del expresidente de la República.
Dicha orden argumenta que ese traslado debe darse porque Bucaram Pulley es parte del grupo de atención prioritaria y porque él (Terán) atiende el primer caso, de los tres que enfrenta el hijo de Abdalá Bucaram Ortiz.
Este proceso se da por el presunto delito de transporte, comercialización ilícita y tráfico de bienes de patrimonio cultural, en el que están inmersos Jacobo y su padre.
Un jurista que es parte del Consejo de la Judicatura manifestó a este Diario que el juez Juan Carlos Terán no tenía competencia sobre el detenido Jacobo Bucaram, “porque resulta que la boleta que estaba siendo efectiva es la de una jueza de Quito”. Esta se la giró la noche del sábado luego de que Jacobo llegara expulsado de Colombia el viernes y se le realizara la audiencia de vinculación al caso por delincuencia organizada.
“La boleta por la que está privado de la libertad es la de la jueza Ana María Cevallos, y no por ninguna de las otras dos boletas que se generaron (por asociación ilícita y tráfico de bienes patrimoniales)”, señaló el jurista.
Y agregó: “En consecuencia, el juez Terán primero debió haber legalizado la detención a su nombre, con un solo oficio comunicando del particular, y posterior a ello disponer de su preso”.
El juez Ronald Guerrero, quien denunció el lunes pasado supuestas amenazas para cambiar su decisión, envió un orden de traslado a Latacunga también.
Lo hizo por pedido de la fiscal Claudia Romero, quien justificó su solicitud diciendo que en la Cárcel 4 de Quito no hay un centro médico muy completo en el caso de que Bucaram Pulley sufriera un crisis y que no se lo enviaba a la Penitenciaría del Litoral por su seguridad, pues en ese centro de rehabilitación fue asesinado Shy Dahan el 4 de agosto, el israelí que señaló a Jacobo Bucaram como el comprador de miles de cajas de insumos médicos.
Un enredo legal causó que incluso un juez de Latacunga revisara el caso. Hasta el cierre de esta edición no había aún una resolución sobre el destino de Bucaram.
Hoy se reformularán cargos por la venta de medicamentos
En una audiencia que se realiza a las 10:00 de este martes 6 se reformularán cargos contra quince personas investigadas por el delito de asociación ilícita para la venta de medicamentos.
El tipo penal pasaría de asociación ilícita, cuya pena va de 3 a 5 años, a delincuencia organizada, de 7 a 10 años.
La fiscal Claudia Romero solicitó al juez Ronald Guerrero fecha y hora para la audiencia.
En este caso se procesa a los hermanos Jacobo, Michel y Dalo Bucaram P. y a la esposa de este, Gabriela Pazmiño. También están vinculados los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, quienes están detenidos en Quito y Machala, respectivamente.
Michel, Dalo y su esposa están en Miami, al igual que el exjefe de compras públicas del IESS también vinculado.
Nota Original: El Universo – LINK
