Los jueces nacionales Luis Antonio Rivera (ponente), Felipe Córdova y Walter Macías estarán a cargo de la audiencia de juicio contra Pablo Cruz, Dany Calderón y Danilo Véliz, todos acusados de ser autores directos del delito de delincuencia organizada. Los integrantes del Tribunal fueron los reemplazos de los jueces temporales que dejaron la Sala Penal: Dilza Muñoz, Iván León y Wilman Terán.
La audiencia de juicio inicialmente estaba definida para el lunes 15 de marzo, pero debido a que Véliz debía ser parte de otra audiencia por otro proceso penal en Portoviejo, Manabí, la diligencia fue diferida a última hora y aún no cuenta con una fecha específica para que las partes presenten su prueba pericial, testimonial y documental que sustenten sus teorías en el caso.
Una vez el juez Iván Saquicela fue nombrado presidente de la Corte Nacional, Luis Adrián Rojas será su reemplazo y actuará como juez encargado de su despacho en la Sala Penal.
El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Marco Rodríguez, el 19 de noviembre pasado, además de Cruz, Calderón y Véliz, llamó a juicio al ahora exasambleísta por Sucumbíos Eliseo Azuero y al exsubdirector técnico del Servicio de Contratación de Obras (Secob) Jorge Jalil. Contra estos dos últimos la etapa de juzgamiento está suspendida, debido a que ambos están prófugos y el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, la fiscal general Diana Salazar acusó a siete personas de estar relacionadas con la organización criminal que se formó para manejar de forma ilícita dineros provenientes de la adjudicación de proyectos como el hospital de Pedernales. Pese a ello, Rodríguez solo llamó a juicio a cinco, mientras que al “no existir elementos de convicción suficientes” ordenó el sobreseimiento de Miguel Ganchozo y José Párraga.
Poco antes de que se resolviera el llamado a juicio de estos cinco procesados, el 9 de noviembre último, el juez Rodríguez, en el mismo caso, pero mediante una audiencia de procedimiento abreviado debido a un acuerdo de cooperación eficaz firmado, sentenció a cuatro años y dos meses de cárcel al también exasambleísta por Manabí Daniel Mendoza.
Rodríguez en su resolución ubicó a Mendoza y Azuero como los líderes de la organización y quienes estuvieron al mando de la estructura delictiva.
Además de Mendoza se sentenció bajo procedimiento abreviado a su exasesor en la Asamblea, Jean Benavides; al exdirector del Secob René Tamayo; al contratista Franklin Calderón; al representante del Consorcio Pedernales-Manabí José Véliz; a Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob; a su excompañero Ángel Andrade, y al exfuncionario público José Santos. Todos consintieron la admisión de los hechos investigados.
Por colaborar con la organización, pero debido a que se acogieron al procedimiento abreviado y a la cooperación eficaz, a Tamayo, Benavides, Véliz y Calderón se les impuso una pena de 34 meses de prisión. Mientras que Cobeña, Andrade y Santos, quienes solo se acogieron al procedimiento abreviado, recibieron una pena de privación de libertad de 40 meses.
El juez Marco Rodríguez ordenó que entre Mendoza, Tamayo, Benavides, Véliz, Calderón, Cobeña, Andrade y Santos deben pagar $ 8 millones por concepto de reparación integral a la víctima, es decir, el Estado ecuatoriano. El valor total deberá ser dividido de forma proporcional entre todo los sentenciados, de conformidad con los grados de participación que se hayan definido.
Varios de estos sentenciados, como por ejemplo Mendoza, anunciaron que apelarán la sentencia, básicamente en lo que tiene que ver con la reparación integral. Hasta el momento no se ha definido una fecha en la que se dará una audiencia para analizar los pedidos.
Nota Original: El Universo – LINK
