Luego de una hora de deliberación, los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Maritza Romero, Miguel Narváez y Mónica Bravo decidieron, la noche de este viernes, suspender la audiencia en la que se analizaba la apelación a la prisión preventiva interpuesta por las defensas de la secretaria de Salud del Municipio de Quito, Ximena Abarca; de la exadministradora del contrato, Jéssica C., y del excoordinador jurídico Marco R., todos procesados por el delito de peculado que habría ocurrido en la adquisición de pruebas para detectar Covid-19 realizada por la cartera municipal de salud.
Desde el 16 de febrero pasado, sobre Abarca, Jéssica C. y Marco R. pesan ordenes de prisión preventiva que buscaban sus defensas sean retiradas y se ordene otro tipo de medida cautelar. El Tribunal de Apelación convocó a las partes procesales para el lunes 15 de marzo próximo, a las 16:30, para dar a conocer su resolución.
La audiencia inició a las 16:00 de este viernes y las partes procesales (Fiscalía y apelantes) acabaron de fundamentar sus posiciones frente al Tribunal poco antes de las 19:00. Ahí los jueces ingresaron en una fase de deliberación que se interrumpió con el anuncio de que se daría el lunes, de forma oral, la resolución del caso.
En esa audiencia de finales de febrero pasado, el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya, no solo vinculó a Abarca, a Jeesica C. y a Marco R., sino también al alcalde de Quito, Jorge Yunda; a la coordinadora técnica de la secretaría de Salud, Linda Guamán; y a dos personas más.
Por peculado en este caso son procesadas un total de 14 personas. La instrucción fiscal en la causa inició el 13 de noviembre último, con la formulación de cargos contra siete exfuncionarios municipales y del sector privado, como el exsecretario de Salud del Municipio capitalino, Lenín Mantilla, y Juan Vinelli, relacionado con la empresa con la que la Secretaría de Salud contrató las pruebas para detectar Covid-19.
Hasta el momento, Mantilla y Vinelli se encuentran prófugos de la justicia y con una orden de prisión preventiva vigente; mientras que el alcalde Yunda, la coordinadora Linda Guamán, y otros, deben presentarse periódicamente ante la autoridad competente y deben usar grillete electrónico. (I)
Nota Original: El Universo – LINK
