Un Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dispuso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entregar a una de sus consejeras, María Fernanda Rivadeneira, información que detalle cuál fue el trámite que se dio a las observaciones y sugerencias de la ciudadanía en la elaboración del reglamento para la designación del nuevo titular de la Contraloría General del Estado.
Dicho Tribunal, integrado por los jueces Carlos Figueroa Aguirre, Inés Romero Estévez y Miguel Narváez Carvajal, rechazó la apelación planteada por el vicepresidente del CPCCS, David Rosero, a un recurso de acceso a la información que planteó Rivadeneira, quien aspira a conocer cómo se elaboró el reglamento para elegir al contralor del Estado y que se aprobó en julio pasado.
En ese entonces, la presidenta Sofía Almeida convocó a la ciudadanía a plantear sugerencias para desarrollar el reglamento, pero al momento de discutir la norma en el pleno del Consejo no se detalló cuáles fueron esas propuestas ni quiénes las presentaron, o cuáles eran las incorporadas.
Rivadeneira planteó este recurso de acceso a la información, después de que internamente no se le había entregado la información.
Con ello, el 16 de diciembre último, el Tribunal deliberó y concluyó que el CPCCS “no ha dado respuesta ni argumentó impedimento legal para dejar de proporcionarla, violentando el legítimo derecho” de Rivadeneira para acceder a esa información, “tanto más que la requiere para el cumplimiento de sus funciones, en la calidad que ostenta, esto es el ejercicio de una de las consejerías del CPCCS, y como tal sujeta también al escrutinio público respecto a los actos en que debe pronunciarse”.
Por tanto, rechazó la apelación de Rosero a una primera sentencia en la que se disponía que se entregue la información.
La presidenta Sofía Almeida justificó que el pedido de Rivadeneira se dirigió a ella, cuando ella estaba con licencia de maternidad, y debió dirigirse a Rosero, quien la subrogó en la presidencia.
En la audiencia “no se permitió que se explique la situación y se resolvió sin escuchar al Consejo, por lo que vamos a iniciar una acción administrativa en contra de ese juez o jueza que no actuó de manera correcta”, advirtió Almeida en una entrevista de ayer en la radio Única.
Acusó a un “grupo de fuerzas políticas y de intereses que están tratando de boicotear y obstaculizar que el Consejo realice los concursos y de desprestigiarlos”. (I)
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
