La medida fue tomada por la jueza Marta Yañez después de que el pasado viernes los abogados Fernando Burlando y Valeria Carreras, representantes de algunos de los familiares de los desaparecidos, presentaran en el juzgado de Caleta Olivia un documento en el que pedían que se inspeccionara una zona en la que, en mayo de este año, un buque percibió en el fondo del mar una silueta similar a la del ARA San Juan.
El documento asegura que en mayo un buque percibió en el fondo del océano una silueta que podría ser la del submarino desaparecido. Critica que no se siguieran esas indicaciones y, además, dice que la localización coincide con una en la que, en noviembre del año pasado, la Armada dijo haber percibido señales que se creyó que estaban relacionadas con el submarino, pero después fueron desestimadas.
Por ello, los abogados solicitaron, de manera urgente, que se verificara qué había en dicha localización, situada en las coordinadas 42.20.02 Sud – longitud 058.33.4 Oeste. Una decisión tomada por la jueza esta semana, según confirmó la Prefectura a CNN en Español, sin dar más detalles al respecto.
«Tenemos alguna esperanza fuerte de tener la geolocalización del ARA San Juan», dijo el abogado Burlando a la cadena argentina Crónica TV. «La data que tenemos habla de que esta situación no es imposible. No estaríamos hablando de la ubicación del submarino ARA San Juan en un lugar donde sea imposible un rescate, por ejemplo. Habría mecanismos para, por lo menos, tener información muy precisa de todo lo que haya ocurrido».
CNN en Español se puso en contacto con la Armada de Argentina para obtener comentario sobre estos nuevos datos que indicarían que el cuerpo sabría de la localización del submarino, pero no obtuvo respuesta.
Búsqueda durante meses
La búsqueda del submarino se extendió durante varios meses después de que se perdiera el rastro el 15 de noviembre de 2017. A finales de ese mes, la Armada Argentina informó que había detectado un evento que coincidía con una explosión en la última posición conocida del submarino. Sin embargo, esa pista fue desestimada y, el 5 de diciembre, el ministro de Defensa de Argentina, Óscar Aguad, dijo que los tripulantes estaban muertos
El 12 de diciembre el Gobierno argentino apartó a dos altos oficiales de la Armada tras la desaparición del ARA San Juan: al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y del capitán de navío Claudio Villamide. Con todo, la Armada Argentina insistió en que continuará rastreando el lecho marino hasta agotar todos los medios y ha reiterado que acompañan a los familiares de los submarinistas y los mantienen al tanto de los más recientes acontecimientos.
El 25 de diciembre, la Armada informó sobre tres nuevos contactos en el área de búsqueda del submarino. Otros dos contactos fueron detectados a principios de enero por el ARA Sarandí a 500 y 700 metros de profundidad, respectivamente, agregó la Marina en la Gaceta Marinera. Desde ese momento, los contactos están siendo investigados.
Al otro día, el 27 de diciembre, la Marina reportó que el buque estadounidense Atlantis, que asistía en la búsqueda, abandonaba las labores. Sin embargo, el organismo aclaró que Estados Unidos continuará apoyando con personal experto en planeamiento y análisis de datos.
En febrero el Gobierno decidió ofrecer una recompensa millonaria por pistas sobre el submarino, pero la táctica no dio frutos y fue cancelada en julio de este año.
“No obstante el esfuerzo denodado del Estado nacional para coordinar y aunar las acciones tendientes a obtener información certera, precisa y veraz que permitieran determinar con precisión la ubicación del submarino ARA San Juan, la medida en ciernes no ha logrado cumplimentar su objetivo último”, dice la resolución 717 de 2018 publicada el 11 de julio en el Boletín Oficial de Argentina.
A partir del 15 de mayo de 2018, los familiares de los 44 tripulantes tienen 2 años y medio para decidir si inician los trámites para recibir una pensión por presunción de fallecimiento.
Fuente: CNN en Español
