Un nuevo hecho violento se registró la tarde de este lunes 17 de febrero en Manta. Cuatro personas fueron asesinadas y otras seis resultaron heridas, luego de un ataque armado en el sector Sí Vivienda.
De manera preliminar, se conoce que las víctimas se encontraban en los exteriores de un domicilio, y fueron abatidas por sujetos que llegaron de manera abrupta. De los fallecidos, tres serían adolescentes, según informó el subjefe de la Policía del distrito Manta, Sebastián Redrobán.
Además, detalló que, en el sitio, se hallaron panfletos de amenazas firmados por la organización criminal ‘Los Pepes’.
Otro hecho se registró la noche del 16 de febrero, cuando sujetos armados llegaron hasta la cooperativa Assad Bucaram, en Pascuales, en el norte de Guayaquil, y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en la calle. Esto ocurre en el ingreso de Fausto Buenaño al frente del Ministerio del Interior, tras la salida de Mónica Palencia.
Para Katherine Herrera, experta en seguridad, este escenario evidencia una “misma receta” del Gobierno para enfrentar a la criminalidad. Esto, al referirse a similares políticas en materia de mano dura y militarización. Algo que, según dijo, no es un indicador para medir el éxito de un plan de seguridad, sino que se muestran como medidas temporales con un efecto mediático.
Herrera cuestionó la narrativa del Gobierno de la “guerra contra el crimen organizado”, cuando países en vías de desarrollo no podrán salir victoriosos y caen en una narrativa poco realista. Precisó que, enfrentarse a una estructura que se sostiene como un negocio transnacional y financia a otros actores, no representa un panorama favorable para el Estado ecuatoriano.
Un criterio similar compartió Wilson Goyes, también experto en seguridad. Consideró que los embates de la criminalidad ocurren en medio de un periodo electoral, donde los grupos armados buscan tener presencia y empoderarse de distintos territorios. Esto, adicional a su relación con organizaciones internacionales que financian su funcionamiento.
Frente a esto, destacó la importancia de fortalecer a instituciones relacionadas al campo de seguridad. A esto, dijo, debe sumarse un apoyo entre el Gobierno central, administraciones locales e incluso Cámaras de Comercio o cualquier entidad afectada por la inseguridad.
Una reestructuración de las estrategias de seguridad
De acuerdo con Herrera, uno de los enfoques de este y el próximo Gobierno debe ser reestructurar la estrategia de seguridad, considerando a las Fuerzas Armadas como un elemento necesario, pero no imprescindible. Precisó que a esto debe sumarse una táctica en materia de seguridad ciudadana, seguridad interna y rehabilitación social.
Sobre este tema, insistió en que el endurecimiento de penas no es la vía correcta para enfrentar al crimen organizado, debido a que para grupos armados, los menores de edad que integran sus filas son parte de una ausencia del Estado en las zonas marginales que no puede ser combatida con sentencias más largas.
Por su parte, Goyes destacó la importancia robustecer los sistemas de inteligencia, y «armonizarlos» entre las entidades competentes para lograr una prevención del delito y combate al crimen organizado de una manera más eficiente.
Agregó que, a estos esfuerzos debe sumarse también el sistema de administración de justicia que, en algunos casos, liberó a líderes de organizaciones criminales.
«Sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad», sentenció.
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