En un escrito de 6 hojas el gremio sostiene que el acto administrativo «nació viciado de inconstitucionalidad e ilegalidad», y solicita que una vez declarada la nulidad se disponga, en consecuencia, el archivo inmediato y definitivo» del caso.
Rosana Palacios, presidenta de la Une, y su abogado Ciro Guzmán, señalaron que «no hay motivación pertinente» para que el Ministerio pretenda disolver al gremio y no se precisa las normas que habría infringido.
El argumento de esa Cartera de Estado es que la UNE no registró a su directiva, pero Palacios manifestó que son las propias autoridades las que han puesto trabas y dilatorias a ese trámite.
