Dos polémicas sentencias del máximo tribunal venezolano dictadas el 28 y 29 de marzo, en las que quitaba la inmunidad a los diputados y asumía las funciones de la Asamblea, desataron una ola de protestas el 1 de abril, que hoy cumple 2 meses de manifestaciones continuas.
El llamado del presidente Nicolás Maduro a activar una Asamblea Constituyente encendió más las protestas, que exigen elecciones presidenciales anticipadas, la libertad de los presos políticos o la apertura de un canal humanitario.
Los resultados solo dejan hasta el momento muerte y destrucción. Las víctimas mortales se cuentan por decenas, por cientos los heridos y por miles los detenidos. La oposición no ha conseguido hasta ahora ninguna respuesta gubernamental a sus pedidos y se muestra decidida a seguir en las protestas, a salir vestidos de blanco en marchas pacíficas, que luego se tornan violentas por la represión de las fuerzas de seguridad que les impiden avanzar al centro de la ciudad.
Tampoco cede ni un ápice el gobernante socialista, que ante cada marcha opositora convoca a sus seguidores que, vestidos de rojo, no tienen problemas para concentrarse en el centro de la capital venezolana.
A diferencia del proceso para el referendo revocatorio de Maduro que buscaba activar la oposición el año pasado y que criticó al Consejo Nacional Electoral (CNE) por poner obstáculos y demoras en el trámite, el ente electoral, acusado de servil al chavismo, ha respondido con agilidad la solicitud de activar la Constituyente por parte del mandatario.
Maduro presentó la solicitud que fue activada el 23 de mayo por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, quien fijó para fines de julio la elección de una Constituyente. Ese mismo día el mandatario presentó las polémicas bases comiciales para escoger a los 545 miembros de la Constituyente, que fueron aprobadas dos días después por el ente electoral.
